Las federaciones catalanas de transportistas por carretera, CETCAT y COT, han expresado su solidaridad con el sector agrario catalán ante las problemáticas comunes que afectan tanto a agricultores como a profesionales del transporte. Entre los retos destacados figuran los bajos precios de los productos, la competencia desleal procedente de países terceros y el .
Desde diciembre pasado, estos colectivos afrontan con una sensación de impotencia creciente las diversas movilizaciones convocadas por los agricultores a ambos lados de la frontera catalana. Los años 2024 y 2025 dejaron un balance especialmente grave: según las organizaciones, se registraron miles de euros en pérdidas económicas en el sector del transporte de mercancías por carretera, así como un impacto humanitario importante, con cientos de transportistas retenidos durante horas en condiciones precarias en las carreteras.
Además, infraestructuras clave como el Puerto de Tarragona se han convertido nuevamente en puntos críticos donde se han producido cortes y bloqueos. Esta situación sitúa a los transportistas en una posición vulnerable, considerándolos “rehenes legítimos de una reivindicación legítima de los agricultores y ganaderos”.
Ante esta nueva ronda de convocatorias, CETCAT y COT han hecho pública una denuncia contra la Generalitat de Catalunya por su connivencia aparente al autorizar estas movilizaciones sin garantizar el derecho fundamental a la libre circulación. En este sentido, reclaman que tanto la Conselleria d’Interior como la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica adopten medidas inmediatas que aseguren no solo el derecho a manifestarse sino también la seguridad de los profesionales del transporte.
"Es imprescindible velar para que no se ponga en riesgo ni la integridad ni el trabajo de los trabajadores del transporte"
, señalan desde las federaciones.
Tal como indican, si no se toman acciones contundentes para evitar nuevos bloqueos o retenciones prolongadas, exigirán responsabilidades políticas así como compensaciones económicas tanto a los organizadores de los cortes como a la administración catalana.
