Telefónica y los representantes de los trabajadores han reanudado este lunes las negociaciones del nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE), pero el encuentro ha terminado con un rechazo frontal por parte de UGT. El sindicato considera que la oferta presentada por la compañía es “insuficiente” y que, en las condiciones actuales, sería imposible llegar a ningún acuerdo.
Según UGT, Telefónica pretende estructurar el plan priorizando las prejubilaciones y replicando las condiciones del proceso de 2024. A pesar de ello, la empresa mantiene abierta la puerta a ejecutar hasta 5.040 despidos forzosos, una de las principales líneas rojas para los sindicatos. Además, retiraría la posibilidad de aceptar peticiones voluntarias de personal que trabaja en áreas definidas como “críticas” o no excedentarias.
El sindicato ha recordado a la dirección que, con este planteamiento, la compañía no podría activar ningún despido, ya que continúa vigente la garantía de ocupación incluida en el tercer convenio colectivo.
Las exigencias de UGT
La organización sindical reclama varios puntos que considera imprescindibles para poder avanzar:
- Que el proceso sea plenamente voluntario, asegurando que todas las bajas se cubrirán con peticiones voluntarias, tal y como —afirman— ocurrió en el último ERE.
- Aceptar todas las solicitudes de voluntariado, incluidas las de personal que la empresa quiere excluir.
- Garantías específicas para trabajadores que quedaron fuera del proceso del 2024.
- Protección del personal fuera de convenio.
- Un refuerzo del convenio especial con la Seguridad Social.
- Un compromiso formal de crear empleo y no limitarse a reducir plantilla.
- “Transparencia total” sobre elementos del proceso anterior, como los criterios de selección, el cálculo del salario regulador, la consideración de promociones y trienios o la situación de personas con discapacidad.
- Mejoras en las condiciones económicas para compensar la eliminación de la prima de voluntariedad.
UGT advierte de que continuará defendiendo una salida pactada, pero insiste en que Telefónica debe mover ficha si quiere evitar un conflicto laboral de larga duración.