El Parlament ha aprobado este miércoles tramitar por lectura única la proposición de ley de los Comuns contra la compra especulativa de viviendas en las zonas declaradas de mercado tensionado. La iniciativa ha salido adelante con los votos del PSC, ERC, Comuns y CUP, mientras que Junts, el PPC, Vox y Aliança Catalana se han opuesto.
El texto plantea modificar la Ley de urbanismo para que los ayuntamientos puedan incorporar al planeamiento urbanístico limitaciones a la compra de viviendas con finalidades especulativas. El objetivo es que los pisos adquiridos en estas zonas se destinen principalmente a residencia habitual, ya sea del comprador, de un familiar o de un inquilino con los límites de precio establecidos.
La tramitación rápida de la norma formaba parte del acuerdo presupuestario entre los Comuns y el Govern, que preveía aprobarla antes del verano. Sin embargo, el calendario podría alargarse porque tanto Junts como el PPC han anunciado que llevarán el texto al Consell de Garanties Estatutàries.
¿Qué compras se podrían limitar?
La propuesta prevé que, en las zonas tensionadas, las viviendas solo se puedan comprar para vivir en ellas, para que resida un familiar o para destinarlas al alquiler habitual dentro de los precios regulados.
El texto introduce, sin embargo, una excepción para las segundas residencias. Se podría comprar otra vivienda siempre que fuera la única segunda residencia del comprador y estuviera situada en un municipio diferente del domicilio habitual.
La futura norma también endurece el régimen sancionador. El incumplimiento de las limitaciones o la simulación de negocios jurídicos para evitarlas podrían ser considerados infracciones muy graves.
Siete días para presentar enmiendas
Con la aprobación de la lectura única se abre ahora un periodo de siete días hábiles para que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas. A pesar de la voluntad inicial de los Comuns de aprobar la ley antes de las vacaciones, fuentes parlamentarias sitúan la votación definitiva más allá del verano. El posible dictamen del Consell de Garanties Estatutàries no llegaría a tiempo para el último pleno del periodo de sesiones.
“Puede que se consiga retrasar esta ley, pero será una realidad más pronto que tarde”, ha advertido la diputada de los Comuns Susana Segovia.
La oposición denuncia un ataque a la propiedad
Junts y el PPC han sido especialmente críticos con la propuesta. La diputada de Junts Judith Toronjo considera que la iniciativa vulnera el derecho a la propiedad y ha censurado que se quiera aprobar por una vía acelerada.
Desde el PPC, Àngels Esteller ha calificado el texto de “ataque frontal” a la propiedad privada y ha cuestionado que el concepto de compra especulativa tenga suficiente concreción jurídica.
Vox y Aliança Catalana también han rechazado la medida y han responsabilizado a las políticas de vivienda de la izquierda de buena parte de los problemas actuales del mercado.
ERC, CUP y PSC le dan apoyo, pero piden ir más allá
ERC se ha mostrado favorable al planteamiento, aunque ha anunciado posibles enmiendas para mejorar el texto. La diputada Mar Besses ha defendido que no tiene sentido tratar de la misma manera a quien compra una vivienda para vivir en ella y a quien lo hace para obtener un rendimiento económico.
La CUP también ha votado a favor, aunque considera que la propuesta es insuficiente para resolver la crisis de la vivienda. Desde el PSC, Eva Candela ha defendido que la regulación no puede esperar, a pesar de admitir que deberá ir acompañada de otras medidas.