El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado varios artículos clave del decreto de régimen lingüístico educativo de la Generalitat de 2024 y ha estimado parcialmente el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB). El tribunal declara nulos de pleno derecho los artículos, o partes de ellos, 2, 4, 6, 7.2, 9.3b, 10, 18.a, 19, 24, 33 y 34.1 que, entre otras cosas, fijaban el catalán y el aranés en el Valle de Arán como lenguas normalmente vehiculares y de aprendizaje y como lenguas habituales en la actividad docente y administrativa escolar, de relaciones con las familias, en los materiales didácticos y en las evaluaciones. La sentencia se puede recurrir.
También se ha anulado el hecho de que el catalán fuera la lengua auxiliar prioritaria para enseñar idiomas extranjeros o que el catalán fuera la lengua única de acogida del alumnado recién llegado sin prever mecanismos de aprendizaje equilibrado del castellano.
El tribunal desestima, en cambio, la impugnación de algunos artículos relativos a aspectos organizativos internos de la administración (como el uso del catalán en la proyección externa de los centros, la lengua en los procesos selectivos o la acreditación lingüística del personal no docente), al considerar que no afectan directamente al derecho fundamental a la educación.
Valoración de la AEB
La AEB ha celebrado la sentencia porque obligaría a los centros a tener el castellano como lengua no solo de una asignatura, sino también vehicular de otras materias y ámbitos. Por ello, la AEB exige a la Generalitat que cumpla sin demora la sentencia y "reforme el modelo educativo para garantizar los derechos lingüísticos de todos los alumnos en Cataluña y deje de una vez por siempre de inventar procedimientos fraudulentos para evitar que el castellano sea también lengua vehicular de enseñanza en Cataluña". Asimismo, reclama al gobierno español que "ejerza sus competencias y actúe a través de la Alta Inspección de Educación para asegurar que esta resolución se cumpla en los centros públicos y concertados de Cataluña".
