El Govern ha preseleccionado 179 áreas de suelo urbanizable en toda Cataluña con capacidad para construir hasta 214.000 viviendas a medio plazo, en una de las operaciones de planificación residencial más ambiciosas de los últimos años. Alrededor del 60% de los sectores priorizados se sitúan en Barcelona y su entorno metropolitano, una concentración que refleja la mayor presión habitacional del país.
Según ha explicado la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, una parte importante de estas viviendas —entre el 40% y el 50%— se destinarán a régimen asequible. El desarrollo de los sectores identificados contará con el soporte financiero del Institut Català de Finances (ICF), a través del cual la Generalitat prevé movilizar hasta 8.000 millones de euros para facilitar la viabilidad de las promociones.
El modelo de financiación será similar al del Plan 50.000, con líneas de crédito que garanticen una rentabilidad de entre el 4% y el 6% a los promotores. Cada paquete de 50.000 viviendas dispondrá de hasta 4.000 millones de euros de apoyo financiero público.
Distribución territorial desigual
De los 179 sectores identificados, 107 se concentran en Barcelona, el Área Metropolitana y el arco metropolitano, que incluye municipios como Sabadell, Terrassa, Granollers o Igualada. En el Camp de Tarragona se han preseleccionado 22 áreas, mientras que en les Terres de Ponent hay 12. Las comarcas gerundenses y el Penedès suman ocho sectores, el Alt Pirineu i Aran siete, y les Terres de l’Ebre cinco.
Los terrenos se encuentran en diferentes fases de tramitación urbanística. Solo 26 sectores están prácticamente a punto para edificar, con las obras de urbanización pendientes de ejecutar. En 68 áreas el planeamiento ya está aprobado, pero aún falta completar los proyectos de urbanización y reparcelación. En cambio, 85 sectores no disponen de planeamiento vigente o este está pendiente de revisión, lo que alargará los plazos antes de que puedan convertirse en solares edificables.
Un papel clave del Incasòl
El Departamento de Territorio impulsará directamente la transformación de los suelos priorizados y el Institut Català del Sòl (Incasòl) actuará como administración ejecutora, en coordinación con los ayuntamientos. Como administración actuante, el Incasòl dispondrá del 15% de los derechos edificables de cada sector, que se destinarán principalmente a vivienda de protección oficial, tal como establece la normativa urbanística catalana.
Paneque ha remarcado que esta fórmula permite garantizar la viabilidad económica de los proyectos y asegurar un retorno social en forma de vivienda asequible. “El plan identifica grandes bolsas de transformación urbana, priorizando aquellos sectores con capacidad para generar promociones de más de 1.000 viviendas”, ha indicado.
Acelerar la tramitación
El Consejo Ejecutivo tiene previsto aprobar el próximo martes el Plan de medidas urgentes para el impulso del desarrollo de suelo residencial, que incluirá modificaciones de la normativa urbanística para agilizar los trámites administrativos y reducir los plazos de desarrollo.
A diferencia del Plan 50.000, centrado en solares ya disponibles para construir, esta nueva estrategia aborda suelos en fases previas del proceso urbanístico. Según ha avanzado la consellera, a mediados de enero se publicarán las primeras convocatorias de la Reserva Pública de Solares, con agrupaciones iniciales de entre 400 y 500 viviendas cada una.
Con este despliegue, el Gobierno aspira a incrementar de manera sostenida la oferta residencial y aliviar la tensión del mercado de la vivienda, especialmente en las zonas con más demanda.
