La compañía Leche Pascual ha decidido readmitir a ocho empleados de su planta ubicada en Gurb (Osona), después de que estos fueran despedidos de manera individual. A pesar de ello, persiste el cierre previsto para el próximo 31 de julio. Esta información ha sido comunicada por el Col·lectiu Ronda, que en un comunicado ha manifestado que, a pesar de celebrar esta readmisión, "no se resuelve el conflicto laboral ni se garantiza el futuro de los puestos de trabajo".
Además, los representantes de los trabajadores han subrayado que esta decisión "evidencia que las extinciones constituían un evidente fraude de ley", una situación que ya habían puesto en alerta desde el momento en que se hizo pública la venta de la planta a Casa Tarradellas, empresa destinada a producir mozzarella. En este sentido, reclaman la apertura de una negociación colectiva para aclarar las condiciones laborales futuras y avisan que llevarán el caso a los tribunales para defender los derechos de los trabajadores.
La ausencia de diálogo con Casa Tarradellas
Según expresan en un nuevo comunicado, los delegados sindicales denuncian que la empresa todavía no ha iniciado ningún proceso formal de negociación. Además, muestran desconfianza respecto a "la supuesta intención de Casa Tarradellas de contratar al 90% de las 80 personas actualmente ocupadas por Leche Pascual en las instalaciones de Gurb". Consideran esta afirmación como un "titular útil" destinado a preservar "su imagen pública", pero sin ningún compromiso concreto detrás.
Movilizaciones e incertidumbre antes del cierre
La plantilla, que ya ha llevado a cabo una huelga y un corte temporal del tráfico en la carretera C-17, recuerda con preocupación que restan poco más de treinta días hasta el cierre definitivo. Denuncian: "No sabemos absolutamente nada de lo que pasará con las 80 personas que trabajamos allí y nuestras familias a partir del 1 de agosto, cuando Casa Tarradellas se hará con el control y la propiedad de la fábrica para ejecutar una actividad completamente diferente, como es la fabricación de mozzarella para pizzas".
Lamentan también que a pesar de las diversas movilizaciones realizadas, "la empresa continúa, de una forma absolutamente incomprensible, negándose a iniciar un proceso colectivo para resolver tanto el futuro como las condiciones laborales y salidas de sus empleados".
Derechos laborales y advertencias legales
Los trabajadores reconocen el derecho empresarial a vender la fábrica, pero insisten en que esto no puede suponer dejar abandonados a quienes han trabajado allí durante años —muchos desde su inicio en 2004— sin diálogo ni negociación previa: "No somos esclavos ni esclavas para que se nos pueda traspasar sin ningún tipo de acuerdo o negociación", recalcan.
Asimismo advierten: si no se les permite ejercer este derecho fundamental a negociar, emplearán todas las vías legales necesarias. En palabras textuales del comunicado: "Es increíble que un proceso sobre una planta con una inversión inicial superior a los 70 millones de euros y capacidad anual para procesar más de 200 millones de litros de leche se esté gestionando con tanta irregularidad y claramente fuera del marco legal".
Y ponen como ejemplo clarificador justamente esta readmisión reciente: "Una muestra evidente es la reincorporación de los ocho trabajadores despedidos individualmente desde el anuncio público sobre la venta", calificándolo como "una práctica completamente fraudulenta y sin cobertura jurídica".
