La construcción de 1.940 nuevas viviendas protegidas de alquiler asequible da un paso adelante en Cataluña. La Agència de l’Habitatge de Catalunya ha adjudicado las cuatro grandes agrupaciones de solares municipales incluidas en el primer concurso de la Reserva pública de solares, una de las principales herramientas del Govern para ampliar el parque público durante los próximos años.
Las promociones se repartirán entre 23 municipios y serán desarrolladas por LANDETIC SL y VISOREN COPISA HABITATGES, las dos empresas que se han impuesto en un concurso al que se presentaron ocho licitadores. Los adjudicatarios dispondrán de los terrenos mediante un derecho de superficie de 75 años y deberán destinar los pisos al alquiler asequible.
Se trata de la primera vez que la Generalitat impulsa un concurso conjunto con solares de titularidad municipal para construir vivienda protegida, una fórmula pensada para acelerar promociones que, de manera individual, podrían tener más dificultades para llegar al mercado.
Desde Tarragona hasta Girona, Ponent y el área metropolitana
La promoción más grande corresponde a la agrupación formada por Sant Adrià de Besòs, Santa Perpètua de Mogoda y Terrassa, donde se construirán 601 viviendas. Los proyectos han sido adjudicados a LANDETIC SL.
VISOREN COPISA HABITATGES asumirá, por un lado, los 377 pisos previstos en Tarragona, Cambrils, l’Arboç y Vilafranca del Penedès. También construirá 498 viviendas en municipios de las comarcas gerundenses y del Vallès Oriental, entre los que se encuentran Figueres, Girona, Lloret de Mar, Tossa de Mar y Mollet del Vallès.
La cuarta agrupación, adjudicada nuevamente a LANDETIC, incluye 464 viviendas repartidas entre Esplugues de Llobregat, la Seu d’Urgell, Vilagrassa, Abrera, Vilanova del Camí, Centelles, Tàrrega y Torelló.
Un concurso con ocho licitadores
La licitación se abrió en enero y despertó el interés de ocho candidatos. Tres se presentaron a las cuatro agrupaciones, mientras que el resto concentraron sus ofertas en algunos de los lotes.
Para escoger a los ganadores, la Agència de l’Habitatge ha valorado cuestiones como la viabilidad económica de los proyectos, la planificación de las obras, el mantenimiento posterior de los edificios o los planes de gestión social.
También se han tenido en cuenta la reducción de los plazos de construcción, los cánones que recibirán los ayuntamientos, el retorno de una parte de los alquileres a la Generalitat a partir del año 28 y el uso de sistemas de construcción industrializada. Ahora, las empresas adjudicatarias deberán acreditar que cumplen todos los requisitos exigidos antes de formalizar definitivamente los proyectos.
Las 1.940 viviendas forman parte del Plan 50.000, con el que el Gobierno quiere poner a disposición de la ciudadanía 50.000 nuevos pisos públicos de alquiler hasta 2029.