La Generalitat de Catalunya, mediante la Agencia Catalana del Consumo (ACC), ha iniciado un total de 17 expedientes sancionadores contra empresas que comercializan créditos rápidos, después de identificar cláusulas y prácticas que se consideran abusivas. Las posibles sanciones pueden oscilar entre los 10.000 y los 100.000 euros por cada caso, según ha informado el director general de Consumo, Isidor García.
La actuación se enmarca dentro de una campaña de inspección realizada durante los últimos meses del 2025, donde se han analizado un total de 21 compañías dedicadas a la oferta de financiación vía internet. De estas, cuatro han quedado excluidas de los expedientes porque solo operaban como comparadores de ofertas y no ofrecían directamente préstamos.
Incumplimientos más frecuentes detectados
En las empresas restantes, las infracciones más habituales constatan la imposición de tipos de interés y recargos por demora considerados abusivos, así como la falta de información clara respecto al derecho a desistir en contrataciones a distancia con un plazo legal establecido en catorce días. También se han localizado cláusulas contractuales que otorgan la facultad unilateral a las entidades para modificar condiciones sin consentimiento explícito de los consumidores.
Interés elevadísimo e impacto sobre personas vulnerables
Isidor García ha alertado de que estos préstamos suponen un coste muy superior a los créditos convencionales, con intereses que pueden superar el 300%, llegando hasta el 400% en casos de demora en el pago. El director ha puesto énfasis en el hecho de que muchas personas optan por este tipo de financiación porque no disponen de alternativas viables: "se están enriqueciendo a costa de personas vulnerables que no tienen alternativa", ha declarado.
Afectación estructural y necesidad regulatoria
Bajo esta perspectiva, García considera que el problema es “estructural” dentro del sector de los créditos rápidos y reclama una intervención normativa estatal más estricta y contundente. Además, ha criticado que estas entidades no están supervisadas por el Banco de España, cosa que dificulta la protección efectiva de los consumidores ante prácticas abusivas.
Mecanismos para detectar cláusulas abusivas y acciones informativas
Por otro lado, la Agencia Catalana del Consumo está impulsando iniciativas divulgativas destinadas a concienciar a los ciudadanos sobre los riesgos asociados a los productos financieros rápidos. Se recomienda especialmente leer con detenimiento las condiciones contractuales antes de adherirse a cualquier oferta.
"El ciudadano de la calle que mira la televisión y que ve publicidad y que dice que le ofrecen un crédito de una cuantía razonablemente pequeña a devolver en un plazo de tiempo breve, aquí ha encontrado algunas de las empresas que nos hemos encontrado que están incumpliendo manifiestamente la normativa de protección de los consumidores", ha alertado.
Ahora, las empresas pueden hacer alegaciones y, en un plazo máximo de un año, se resolverán los expedientes: “Lo primero que tenemos que hacer es poner en su sitio a los que han incumplido”, ha reivindicado García, que ha dicho que la ACC no descarta repetir la campaña si no hay cambios normativos a corto plazo. “Si no llegamos a tiempo de aquí a un año volveremos”, ha avisado.