La Fiscalía General del Estado ha pedido a varias autonomías información sobre la aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en unos 150 municipios de todo el Estado, según ha publicado 'El Periódico'. En Cataluña, la Generalitat, a raíz del requerimiento, está reclamando la documentación a los ayuntamientos para reenviarla después al ministerio público, según ha podido saber la ACN. La Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General recuerda a las autonomías los requisitos que marca la ley del cambio climático y, de momento, sólo pide información sobre su grado de cumplimiento.
El escrito de la fiscalía, que tiene la categoría de expediente gubernativo, llega por vía administrativa a las autonomías. En caso de encontrar incumplimientos flagrantes y graves, se podrían abrir diligencias de investigación.
En el caso de Cataluña, la Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental, adscrita a la Consejería de Territorio, aún no ha remitido la información al Ministerio Fiscal, según dicen fuentes del Gobierno a la ACN. En los municipios catalanes, el próximo 1 de enero de 2026 será un momento clave en cuanto a ZBE: el decreto catalán sobre calidad del aire exige a las administraciones locales tener sus ordenanzas aprobadas para entonces.
Una de las cuestiones sobre las que la fiscalía solicita información es si se está sancionando o no a los vehículos que entran dentro del perímetro de la ZBE sin la autorización ambiental correspondiente. La aplicación de sanciones es uno de los requisitos que ha exigido el Ministerio de Transportes para otorgar las ayudas estatales al transporte público de los municipios.
