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El desahucio previsto este miércoles en el número 74 de la calle Llenguadoc, en el barrio de Sant Andreu de Barcelona, ha quedado finalmente suspendido después de que el Ayuntamiento y la Generalitat hayan llegado a un principio de acuerdo con la propiedad para comprar el edificio.
El teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, ha anunciado el acuerdo sobre las ocho de la tarde en una comparecencia convocada de urgencia. Poco después, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado que el lanzamiento había sido suspendido “a petición de la parte propietaria”.
La compra se vehiculará a través del Fondo de Emergencia Habitacional creado este martes por la Generalitat, un instrumento dotado con 25 millones de euros que permitirá que la administración catalana y la barcelonesa participen conjuntamente en la adquisición.
Un desahucio que afectaba a 18 pisos
El lanzamiento afectaba a 18 de las 20 viviendas del edificio, donde viven 32 personas, entre ellas seis menores. Durante las horas previas, el Ayuntamiento había reclamado la suspensión inmediata del desahucio por la situación de vulnerabilidad de una parte de las familias y había mantenido conversaciones con la propiedad para intentar encontrar una salida.
Valls ha admitido que la compra será una “operación compleja”, pero ha asegurado que se llevará “a la práctica”. “Hemos conseguido el principal objetivo, que era parar los desahucios”, ha destacado.
El nuevo fondo de la Generalitat, clave en el acuerdo
La secretaria de Vivienda de la Generalitat, Lídia Guillén, ha calificado de “crucial” el nuevo Fondo de Emergencia Habitacional para poder desbloquear el caso. Guillén ha defendido que el mecanismo debe permitir una mayor colaboración entre administraciones ante situaciones de emergencia residencial y ha remarcado que el acuerdo no debe limitarse a aplazar el problema.
“No hace falta ganar tiempo, sino estabilidad”, ha afirmado. La secretaria de Vivienda también ha reclamado una “gran alianza de país” para afrontar la crisis de la vivienda.
Más de 500 personas movilizadas
Durante la jornada, cientos de personas se han concentrado ante el inmueble para intentar impedir el desahucio. Los movimientos por el derecho a la vivienda han celebrado la suspensión, pero han reivindicado el papel de la movilización vecinal en el desenlace.
Marta Espriu, portavoz de la Confederación Sindical de Vivienda de Cataluña, ha asegurado que más de 500 personas han participado en la protesta a lo largo de las horas y ha atribuido el acuerdo también a la presión ejercida en la calle. La COSHAC ha criticado, a la vez, lo que considera un uso “electoralista” del caso por parte del PSC, una interpretación que el movimiento ha vinculado al contexto político actual.
Con la suspensión del lanzamiento, las administraciones abren ahora una nueva fase para concretar la compra del edificio y dar estabilidad residencial a las personas que viven allí.
