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Trabajadores del sector social se han manifestado este miércoles por la mañana por el centro de Barcelona para reclamar condiciones laborales y salariales dignas. La movilización se enmarca en la jornada de huelga convocada en el conjunto de los servicios sociales y ha comenzado en el parque de la Ciutadella.
Desde allí, la marcha ha bajado por el paseo de Isabel II y ha subido por Via Laietana, donde se ha dividido en dos grupos: uno ha ido hasta la plaza Sant Jaume y el otro hasta la sede de Foment.
Incumplimiento del acuerdo salarial
Los manifestantes reclaman que se cumpla el acuerdo firmado hace unos meses con las patronales y los sindicatos para la equiparación salarial del sector. Los sindicatos convocantes han denunciado que las patronales no están cumpliendo lo acordado y han exigido a la administración que presione para que así sea.
CCOO y UGT, que firmaron el pasado mayo un pacto con la patronal y la Generalitat para subir la financiación pública y los salarios, han lamentado el incumplimiento del acuerdo. Por su parte, los sindicatos minoritarios y no firmantes, como CGT, Intersindical, USOC o IAC, entre otros, han criticado el acuerdo y han hecho una manifestación conjunta parcialmente con los dos grandes sindicatos, pero se han dividido al final.
Primera huelga general de 24 horas
La movilización se ha hecho coincidiendo con el Día Mundial del Trabajo Digno, en el marco de la primera huelga general de 24 horas de todo el sector social, tanto de gestión pública como privada. El sector ocupa a más de 100.000 personas en Cataluña y da servicio a unos 2 millones de personas.
La huelga llega ante el bloqueo de la negociación colectiva y la negativa de las empresas a aplicar el Acuerdo de Bases para la Equiparación Salarial del Sector Social, firmado el pasado mayo, que prevé una inversión de 150 millones de euros anuales durante al menos cinco años para avanzar hacia la equiparación salarial con los servicios de gestión directa de la administración.
Belén López y Camil Ros piden un cambio de fondo
El grueso de la movilización, convocada por CCOO y UGT, ha finalizado con discursos de sus secretarios generales respectivos, Belén López y Camil Ros, y ha acabado entre gritos de "huelga general". Ambos han criticado la patronal del sector social por no aplicar a los trabajadores el incremento salarial pactado y que se debía financiar con una aportación mayor de la Generalitat, de hasta 150 millones de euros anuales hasta 2030, en un pacto firmado el pasado mayo con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
Ante la sede de Foment, ambos han lamentado que el sector sea el más precarizado de los servicios públicos, tanto en salarios como en condiciones laborales, en comparación a la educación o la sanidad, por ejemplo. También han remarcado que es el sector con el porcentaje más alto de servicios concertados y no directamente públicos.
Por todo ello y más, han instado a secundar la huelga general prevista a principios de noviembre y también a votar en las elecciones generales del 29 de noviembre "contra la derecha y la extrema derecha". Ros, además, ha hecho un llamamiento a la clase trabajadora a no "dividirse" entre autóctonos e inmigrantes, y a luchar juntos para mejorar las condiciones laborales y sociales de todos.
Reivindicaciones laborales y servicios mínimos
La UGT y CCOO reclaman, entre otras medidas, un salario mínimo de sector de 19.600 euros a partir del 1 de enero de 2027, incrementos salariales con efectos retroactivos, un calendario de equiparación hasta 2030, el desbloqueo de los convenios colectivos y mejoras en jornada, horarios y descansos. También exigen ampliar la equiparación a todos los subsectores, más financiación pública, mejoras de las ratios y de la cartera de servicios, equiparación académica y jubilación anticipada por penosidad.
Los sindicatos reclaman también a la Generalitat que garantice el cumplimiento del acuerdo e impulse las medidas legislativas necesarias para construir un sistema de servicios sociales público, universal y de calidad, con condiciones laborales dignas.
Los dos grandes sindicatos consideran "abusivos" los servicios mínimos decretados por el Departamento de Empresa y Trabajo, fijados hasta un 85% en, entre otros, la ayuda a domicilio para servicios urgentes, necesarios e inaplazables; en teleasistencia y atención psicológica para urgencias y emergencias y en residencias de gente mayor y con discapacidad. Según denuncian, la decisión convierte la jornada "casi en ordinaria" y evita que la protesta "tenga el impacto que legítimamente debe tener".
Las organizaciones sindicales han afirmado que la decisión de Empresa y Trabajo "vacía de contenido" la movilización y supone "una restricción intolerable del ejercicio efectivo del derecho a huelga". También han advertido que "No pueden considerarse esenciales solo cuando se ejerce" este derecho de parar la actividad. UGT ha rechazado que se acepte ser un servicio básico "para limitar los derechos mientras se toleran la precariedad, el bloqueo de la negociación colectiva y unas condiciones laborales que expulsan a profesionales del sector".
El sindicato ha remachado que "no los silenciarán" ni con un 85% de servicios mínimos. También ha recordado que la huelga quiere denunciar unas patronales que piden más recursos públicos mientras bloquean la negociación colectiva, las mejoras laborales y la equiparación con el sistema público. Y a este empresariado "se añade" el departamento que lidera Miquel Sàmper, porque con esta orden "pretende reducir al máximo el impacto y la visibilidad de una huelga absolutamente legítima".
