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El Ayuntamiento de Barcelona ha reclamado la suspensión inmediata del desahucio previsto en un bloque de la calle Llenguadoc, en el barrio de Sant Andreu, que afecta a 18 viviendas y 32 personas, entre ellas seis menores.
El consistorio ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la petición para que se detenga el lanzamiento por la situación de vulnerabilidad de una parte de los residentes y mantiene conversaciones con el abogado de la propiedad para intentar encontrar una salida negociada.
El comisionado de Vivienda, Joan Ramon Riera, ha calificado el desahucio de “inoportuno e innecesario” y ha defendido que suspenderlo permitiría ganar tiempo para buscar alternativas para las familias afectadas.
18 pisos y cuatro familias con menores
El procedimiento afecta a 18 de las 20 viviendas del edificio. Según los datos municipales, residen 32 personas y seis son menores de edad. De las 18 unidades familiares, 13 han tenido algún tipo de contacto con el Servicio de Intervención para la Pérdida de la Vivienda y Ocupación, mientras que siete mantienen actualmente una vinculación continuada con este servicio.
Las cuatro familias con niños están también bajo seguimiento de los servicios sociales territoriales o especializados. El Ayuntamiento asegura que, si el desahucio finalmente se ejecuta y no disponen de una alternativa, se les proporcionará alojamiento de emergencia. “Nadie pasará la noche en la calle”, ha garantizado Riera.
Tres procedimientos abiertos desde 2019
El TSJC ha explicado que existen tres procedimientos judiciales iniciados en el año 2019, cuando se ocuparon las viviendas del edificio. En el año 2021 ya se ejecutó un lanzamiento de los pisos, que posteriormente volvieron a ser ocupados. Según el tribunal, actualmente no consta ningún informe de vulnerabilidad sobre los ocupantes y la propiedad es una empresa familiar que ha intentado llegar a un acuerdo sin éxito.
El consistorio, por su parte, señala que la mediación comenzó en 2022 y que desde entonces el edificio ha pasado por diferentes propietarios. Actualmente, la propiedad corresponde a una sociedad limitada que, según el Ayuntamiento, no quiere suspender el desahucio.
El gobierno municipal analiza ahora si los últimos decretos aprobados por el gobierno español en materia de vivienda pueden aplicarse a este caso y justificar jurídicamente la suspensión del lanzamiento.
Riera ha recordado también que existe la obligación de ofrecer alquiler social en determinados supuestos de vulnerabilidad y ha indicado que habrá que comprobar si la propiedad ha cumplido con este requisito.
El Ayuntamiento insiste en que la prioridad inmediata es detener el desahucio para poder disponer de suficiente tiempo para construir acuerdos y buscar soluciones habitacionales individualizadas.
La Generalitat también interviene
El director de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, Miquel Bagudanch, ha asegurado que la Generalitat también trabaja para encontrar alternativas y utilizar los mecanismos disponibles para que las personas afectadas puedan mantener la vivienda.
Bagudanch ha explicado que la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, le ha pedido que esté presente durante el desahucio, a pesar de remarcar que la gestión principal del caso corresponde al Ayuntamiento de Barcelona.
