Telefónica vuelve a recortar plantilla. La compañía ha anunciado un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 223 trabajadores de la filial Telefónica Innovación Digital, según se ha comunicado este martes al constituirse la mesa de negociación con los sindicatos. Esta división cuenta con 993 empleados, de modo que la previsión es que salga casi un 23,5% de la plantilla.
Con este nuevo recorte, la cifra total de personas incluidas en los diversos ERE abiertos en el grupo Telefónica este 2025 se eleva ya a 5.692 trabajadores, repartidos de la siguiente manera:
- Telefónica España: 3.649 afectados (la filial más castigada, con un 41% del personal)
- Telefónica Móviles: 1.124 (31,34%)
- Telefónica Soluciones: 267 (23,89%)
- Movistar+: 279 (32,45%)
- Telefónica Global Solutions: 140 (21,94%)
- Telefónica Innovación Digital: 223 (23,46%)
Queda pendiente conocer la afectación a Telefónica SA, la única filial que aún no ha presentado cifras.
Negociaciones en marcha y presión sindical
Desde este martes, una vez constituidas todas las mesas, se abre un periodo de 30 días de negociación para concretar el número final de salidas y las condiciones económicas. Los sindicatos insisten en que todos los despidos deben ser voluntarios, basados en prejubilaciones y mecanismos similares, tal como ya se ha hecho en ERE anteriores.
Un precedente que aún pesa
Telefónica ya llevó a cabo un ERE importante el año pasado, que acabó con 3.420 bajas, un 30% menos de lo previsto inicialmente, pero con un coste global de 1.300 millones de euros antes de impuestos. El Estado continúa siendo accionista destacado de la operadora, ya que la SEPI tiene un 10% del capital.
La filial más perjudicada es Telefónica España, responsable de los servicios fijos y las infraestructuras, un ámbito estratégico para la operadora. También destaca la fuerte afectación a Movistar+, con casi un tercio de la plantilla incluida en el proceso.
Este nuevo movimiento confirma que Telefónica mantiene su plan de reestructuración profunda en todas sus líneas de negocio, con afectaciones que, según los sindicatos, pueden impactar en la capacidad operativa de diversos servicios esenciales.
