El Consejo de Garantías Estatutarias ha sacudido la tramitación de la proposición de ley de los Comunes para limitar la compra especulativa de vivienda. El órgano consultivo ha dictaminado este martes que la iniciativa vulnera diversos derechos, entre ellos el derecho a la propiedad privada, a la herencia y a la libertad de empresa.
El dictamen llega después de que Junts y el PPC llevaran la norma al Consejo de Garantías a mediados de julio, lo que frenó su tramitación en el Parlament. Además del contenido de la ley, el órgano también cuestiona la vía elegida para aprobarla y considera que tramitarla por lectura única vulnera el Reglamento del Parlament y el derecho de los cargos públicos a ejercer sus funciones en condiciones de igualdad.
El CGE ve restricciones desproporcionadas
A pesar de admitir que mejorar el acceso a la vivienda es una “finalidad legítima”, el Consejo considera que la proposición no supera el “test de razonabilidad”. Según el dictamen, las restricciones que impone no mantienen un equilibrio adecuado con el objetivo de frenar la especulación. “Las personas afectadas por la iniciativa soportan una carga excesiva o desproporcionada”, alerta el órgano consultivo.
El CGE también remarca que “no todas las adquisiciones que no se destinen a residencia propia y habitual son especulativas” y apunta que habría medidas menos restrictivas para intentar alcanzar los mismos objetivos.
En relación con la libertad de empresa, el Consejo advierte que la obligación de destinar la vivienda adquirida a residencia habitual puede suponer una barrera para personas físicas que quieran operar en el sector de la vivienda, especialmente en zonas tensionadas, que afectan a buena parte de la población catalana.
Herencia, seguridad jurídica y unidad de mercado
El dictamen también pone el foco en el impacto que la norma podría tener sobre actos jurídicos como la herencia. Según el CGE, la propuesta restringe el poder de disposición de los compradores y propietarios, reduce la autonomía de la voluntad del causante y afecta a los negocios jurídicos posteriores sobre los inmuebles.
El órgano consultivo también considera que la iniciativa afecta de manera relevante la actividad del sector inmobiliario y el principio de unidad de mercado. Además, reprocha una falta de seguridad jurídica por la falta de coherencia entre el articulado y la exposición de motivos, lo que podría generar dudas sobre la aplicación concreta de la norma.
Los promotores exigen retirarla
La Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña ha pedido la retirada “inmediata” de la proposición de ley tras un dictamen que considera “demoledor”.
El presidente de la APCE, Xavier Vilajoana, ha afirmado que el texto “no se sostiene ni por las formas ni por el contenido”. La entidad advierte que legislar con urgencia sobre problemas complejos puede generar más inseguridad jurídica, reducir la oferta y dificultar el objetivo de ampliar el acceso a la vivienda.
Comuns y CUP quieren seguir explorando vías
Desde los Comuns, Jéssica Albiach ha rechazado el análisis del Consell de Garanties. En un mensaje en X, ha defendido que la propuesta no limita la adquisición de viviendas, sino su destino, y ha reclamado continuar explorando los márgenes legales para hacer de la vivienda “un derecho y no un activo financiero”.
La CUP también ha reclamado continuar empujando para limitar la compra especulativa. Su portavoz nacional, Su Moreno, ha recordado que el dictamen no es vinculante y ha defendido que la emergencia habitacional obliga a continuar legislando. Según Moreno, la seguridad jurídica “no puede ser la excusa” para blindar los “derechos de los especuladores”.
Junts y PPC celebran el dictamen
Junts ha interpretado el dictamen como una enmienda a la totalidad de la propuesta. La diputada Judith Toronjo ha afirmado que el informe demuestra que los Comuns, con el apoyo del PSC, han hecho una ley “deprisa, mal y por la puerta de atrás”. También ha defendido que hacen falta más viviendas y medidas que no generen inseguridad jurídica.
El PPC también ha celebrado la resolución. Su portavoz en el Parlament, Lorena Roldán, ha asegurado que el dictamen “desmonta de arriba abajo” la iniciativa y ha advertido que el partido llevará la ley al Tribunal Constitucional si se acaba aprobando.
El futuro de la propuesta queda ahora en manos de los grupos del Parlament, que deberán decidir si la reformulan, si buscan una nueva vía legislativa o si intentan mantener la tramitación a pesar de las advertencias del Consell de Garanties.
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