Más de un centenar de alcaldes, alcaldesas y cargos municipales procedentes de diversas comarcas catalanas se han congregado en el Hostal Bayona, situado en la Panadella, para firmar una declaración conjunta que reclama un país con una distribución territorial más equilibrada. Este encuentro ha sido organizado por las entidades Impulsem Penedès e Impulsem Lleida, con el objetivo de denunciar lo que consideran una infrafinanciación crónica de los ayuntamientos ubicados fuera del área metropolitana de Barcelona (AMB).
La Panadella, considerada un enclave estratégico dentro del Principado, ha sido escogida como escenario emblemático donde los representantes locales han manifestado que “el territorio no quiere ser considerado el 'rerepaís', sino una parte fundamental de la nación con la misma capacidad de decisión”.
El acto comenzó con la bienvenida institucional por parte del alcalde de Montmaneu, Àngel Farré, seguida por los parlamentos del secretario general de Impulsem Penedès y alcalde de Cunit, Jaume Casañas, así como del secretario general de Impulsem Lleida y alcalde de La Granja d’Escarp, Manel Solé. Posteriormente, una decena de alcaldes expusieron las dificultades específicas que afectan a sus territorios, poniendo en evidencia una situación que describen como “Cataluña a dos velocidades”.
Esta convocatoria ha reunido a cargos electos provenientes de ámbitos diversos: desde el Pallars Sobirà (Rialp, Gerard Sabarich) hasta el Solsonès (Castellar de la Ribera, Claustre Sunyer), pasando por el Penedès (la Bisbal, Agnès Farré; Font-Rubí, Xavier Lluch), el Ripollès (Planoles, David Verge) u Osona (Manlleu, Arnau Rovira). También han asistido alcaldes del Garraf (Canyelles, Rosa Huguet), Anoia (Igualada, Marc Castells), Conca de Barberà (Barberà de la Conca, Marc Rovira) y Noguera (Térmens, Concep Canadell).
Carencias estructurales y retos locales sobre la mesa
En la jornada se debatieron temas cruciales para los municipios pequeños y medianos. Entre estos destacan la falta de vivienda accesible en micropueblos rurales; los problemas relacionados con la seguridad local; las deficiencias en infraestructuras; así como las dificultades existentes para cubrir vacantes esenciales como secretarios-interventores. Además, se puso especial énfasis en desafíos tecnológicos como el despliegue necesario de fibra óptica en zonas montañosas.
Se subrayó también el papel clave que juegan las universidades en ciudades medianas y se abordó la presión creciente que sufre el sector primario ante la expansión urbana metropolitana.
Esta declaración pone de manifiesto un desequilibrio demográfico alarmante: actualmente el 50% de los habitantes catalanes residen en menos del 5% del territorio total. Los firmantes alertan de que muchas decisiones relevantes para las comarcas son adoptadas lejos de los ámbitos rurales o regionales afectados — a menudo despachos desconectados completamente del contexto local — hecho que ignora profundamente las particularidades propias.
Se observa también una doble realidad respecto a Barcelona: a pesar de reconocer “la necesidad de una gobernanza propia” para preservar su carácter globalizado,“la capital pierde su esencia y capacidad competitiva si se desconecta del resto del Principado”, destaca el manifiesto.
Nuevas demandas para garantizar equidad territorial
Ante esta realidad contrastada los alcaldes han consensuado un documento final donde reclaman explícitamente “un nuevo modelo de gobernanza regional” que otorgue presupuestos suficientes así como competencias reales a los municipios fuera del AMB. Este modelo debería establecer condiciones igualitarias entre todas las zonas catalanas.
También se ha puesto en cuestión tanto el papel actualmente ejercido por diputaciones provinciales como por el sistema vigente basado en veguerías. En este sentido, se sostiene que ninguna de estas instituciones dispone hoy en día de los recursos ni capacidad necesaria para garantizar justicia territorial ni oportunidades equiparables.
El acuerdo reafirma así el compromiso conjunto de los gobiernos locales para que “la toma de decisiones se acerque al ciudadano”, preservando así “el bienestar general independientemente del volumen poblacional municipal”.