Una mujer de 26 años, víctima de violencia machista y usuaria de un recurso de protección, perdió la custodia de su hijo justo después del nacimiento. La decisión se tomó antes de que el bebé viniera al mundo, mediante un expediente de desamparo preventivo abierto por la administración catalana mientras la madre se encontraba embarazada y en proceso de recuperación psicológica.
Según recoge 'El País', los hechos se remontan al mes de mayo, cuando la mujer huyó del domicilio tras sufrir una agresión grave por parte de su pareja. En ese momento estaba embarazada de tres meses. Denunció los hechos, obtuvo una orden de alejamiento e ingresó en un centro de emergencia para mujeres víctimas de violencia machista. Posteriormente, fue trasladada a un piso de protección con seguimiento profesional, con el objetivo de continuar el embarazo en un entorno seguro.
Expediente antes del parto
En julio, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) abrió un expediente de desamparo preventivo sobre el futuro bebé. El 30 de octubre, tres semanas antes del parto, la madre fue citada en Barcelona, donde se le comunicó que no podría quedarse con su hijo una vez naciera.
El bebé nació a finales de noviembre. Según explica la defensa del caso, a la madre no se le permitió amamantarlo ni extraerse leche materna. Durante el ingreso hospitalario solo podía ver al niño dos horas al día y, una vez dada el alta, el régimen de visitas quedó reducido a una hora semanal. Actualmente, el menor se encuentra con una familia de acogida de manera temporal.
Los argumentos de la administración
La resolución administrativa, firmada el 27 de noviembre, fundamenta la retirada de la custodia en cuatro indicadores de riesgo:
- El primero es el estado psicológico de la madre, diagnosticada con un trastorno de ansiedad.
- El segundo es la existencia de violencia machista en el entorno del bebé, a pesar de que la paternidad no consta determinada y de que sobre el presunto progenitor existe una orden judicial de alejamiento.
- El tercer elemento hace referencia a supuestas situaciones de riesgo por haberse desplazado puntualmente a municipios donde residían antiguos agresores. La madre sostiene que solo lo hizo en dos ocasiones, una de ellas por una cita oficial, y que en ambos casos avisó previamente a los cuerpos policiales.
- Finalmente, la administración considera un factor de riesgo el hecho de que la mujer no disponga de una vivienda propia y resida en un piso de protección.
La madre tiene un trabajo estable, aunque se encuentra de baja médica por las secuelas físicas y psicológicas derivadas de la violencia sufrida.
Antecedentes familiares
El expediente también tiene en cuenta la situación de una hija anterior de la mujer, nacida cuando ella tenía 19 años. Tras denunciar a otra pareja por violencia de género, se abrió un procedimiento de desamparo que acabó con la tutela de la menor por parte de la administración. Aunque inicialmente se había previsto un acogimiento familiar, la niña continúa actualmente en un centro residencial.
En el informe sobre el nuevo bebé también se menciona que la abuela materna no podía asumir su cuidado, un hecho que reforzó la decisión administrativa.
Críticas jurídicas
La defensa de la madre considera que la retirada del bebé no está suficientemente justificada y denuncia una lectura “penalizadora” de la violencia machista. Diversos especialistas en derecho de familia alertan de que estos casos ponen en evidencia una práctica administrativa controvertida: utilizar la situación de víctima como factor de riesgo, en lugar de como un elemento que requiere apoyo reforzado.
Desde el Departamento de Derechos Sociales, del que depende la DGPPIA, se ha defendido de manera genérica que los procesos de desamparo son decisiones colegiadas y que solo se aplican cuando se detectan indicadores graves de desprotección, aunque no se ha entrado en el detalle del caso ni en los motivos de la separación inmediata madre-hijo.
Un debate abierto
El caso vuelve a abrir el debate sobre los criterios utilizados en los desamparos preventivos y sobre el papel de la administración en situaciones de violencia machista. Abogados y entidades especializadas reclaman más control judicial, más transparencia y políticas que prioricen el acompañamiento de las madres en riesgo antes que la separación de los bebés.
Mientras tanto, la madre continúa el proceso legal para intentar recuperar la custodia de su hijo, mientras denuncia sentirse “doblemente castigada”: primero por la violencia sufrida y después por una decisión administrativa que ha roto el vínculo con su bebé desde el primer día.