El Gobierno de la Generalitat ha iniciado los primeros expedientes sancionadores relacionados con las medidas para contener el precio de los alquileres en Cataluña. En total, se han abierto 13 expedientes: 7 tramitados por la Agencia Catalana del Consumo y 6 por la Agencia de la Vivienda de Cataluña, a los que se añaden 132 actuaciones en fase de diligencias previas (77 en Vivienda y 55 en Consumo) que pueden derivar en nuevos procedimientos sancionadores. Además, 26 expedientes ya se han archivado por no encajar dentro de los supuestos previstos por la ley
Entre los expedientes abiertos por Consumo, destaca un caso grave por no incluir la información del índice de referencia ni la etiqueta de eficiencia energética, con una sanción que puede llegar a los 25.000 euros. También se han impuesto dos sanciones graves por un total de 27.000 euros, una por incrementar la renta sin justificar los conceptos y la otra por ejercer como administrador de fincas colegiado sin estarlo. Cuatro expedientes más corresponden a infracciones leves por no informar del índice de precios en anuncios de viviendas en zonas de mercado tenso, con sanciones que pueden oscilar entre 1.750 y 10.000 euros.
En cuanto a los procedimientos de la Agencia de la Vivienda, hay 2 expedientes con sanción de 30.000 euros, 2 de 3.000 euros y 2 más pendientes de determinar. Las infracciones, leves o graves, pueden derivar en multas entre 3.000 y 90.000 euros. Estos expedientes provienen tanto de denuncias de particulares como de actuaciones de oficio basadas en el análisis de datos.
El inicio de estos procedimientos llega después de la entrada en vigor de la Ley 11/2025 de medidas en materia de vivienda y urbanismo y del Decreto ley 1/2025, que obligan a cumplir todas las informaciones en anuncios de alquiler para viviendas de uso residencial situadas en zonas de mercado tenso, independientemente de la duración del contrato.
La vivienda, una prioridad del Gobierno
Estas actuaciones se enmarcan dentro de las políticas públicas del Gobierno para garantizar el derecho al acceso a la vivienda y hacer frente a la situación de emergencia habitacional, provocada por el desajuste entre los precios de los alquileres y la capacidad económica de las familias.
La estrategia del Gobierno combina la contención de rentas con la ampliación del parque público de alquiler y otras medidas para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los colectivos con más dificultades. La aplicación de estas políticas contribuye a estabilizar el mercado de la vivienda, ralentizando el incremento de los precios en las zonas declaradas de mercado tenso y ofreciendo mayor seguridad a las familias inquilinas, gracias a la prórroga de los contratos vigentes
Cataluña es la primera comunidad en aplicar la contención de rentas, y el Gobierno refuerza los mecanismos de inspección con la incorporación progresiva de nuevos inspectores para intensificar el control y garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa.
El Govern considera l’habitatge una prioritat estratègica i està impulsant el pla d’habitatge més ambiciós fins ara, reforçant la inspecció i el règim sancionador, ampliant el parc públic de lloguer i regulant el lloguer de temporada i d’habitacions per garantir la protecció de l’habitatge habitual.