La presencia de cacas de perro en las calles continúa siendo una de las quejas más recurrentes de los vecinos en toda Cataluña. Ante esta problemática persistente, cada vez más ayuntamientos apuestan por medidas innovadoras como el ADN canino, un sistema que permite identificar al propietario de un animal a partir del análisis de las deposiciones y sancionarlo.
Actualmente, una veintena de municipios catalanes ya lo utilizan
El funcionamiento es sencillo, pero requiere una base previa: los propietarios deben censar a sus perros y someterlos a un test genético. Así, cuando se encuentra un excremento en la calle, se puede analizar y comparar con la base de datos para identificar su origen.
En Cataluña ya hay una veintena de municipios que han implementado este sistema, mientras que en el conjunto del Estado la cifra se eleva hasta una ochentena. El País Valenciano lidera claramente el despliegue, con 45 municipios, mientras que en otros territorios como Galicia, Extremadura o el País Vasco aún no se ha aplicado.
Ejemplos de éxito y resultados desiguales
Caldes de Montbui fue pionero en 2018 y ya dispone de más de 2.200 perfiles genéticos registrados. Según el concejal de Acción Climática, Jordi Martín, la medida ha tenido un efecto disuasorio claro: “El pueblo está mucho más limpio. Saben que hacemos el ADN canino y, por lo tanto, la gente se lo piensa dos veces”.
En Sant Joan de Vilatorrada, con casi una década de experiencia, el 96% de los perros están registrados. Esto ha permitido identificar hasta el 70% de las muestras analizadas durante el último año, una cifra muy superior a los inicios del proyecto.
En cambio, otros municipios como Montmeló presentan resultados más discretos: desde 2020 se han analizado 232 muestras, pero solo en 34 casos se ha podido identificar al propietario.
Tarragona, la ciudad más grande con esta medida
Durante los próximos meses varios municipios del país se sumarán a este sistema, como Igualada, Martorell y Arenys de Munt.
Tarragona será la ciudad más grande del país en hacerlo y la tercera del Estado, detrás de Málaga y Alcalá de Henares.
Desde el pasado 10 de febrero, el Ayuntamiento de Tarragona inició la campaña informativa y dio un plazo de seis meses para completar el censo con una sanción de 1.500 euros por no tener el ADN censado.
Los animales deberán pasar por la clínica veterinaria, donde se les tomará una muestra genética, que se secuenciará en un laboratorio. Los datos se añadirán al registro ya existente y se podrá acceder a ellos a través de un código QR que los animales llevarán en una placa colgada al cuello.
El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales defendió la iniciativa asegurando que el objetivo no es ingresar dinero por las multas: "Esta no es una medida recaudatoria, ojalá no recaudemos ni un céntimo; es una medida de civismo". Por otro lado, remarcó que el registro ayuda a proteger "los animales, el espacio público y el conjunto de la ciudadanía".
La clave: una base de datos completa
Los expertos coinciden en que la eficacia del sistema depende directamente del número de perros registrados. Cuanto más completa es la base de datos, más probabilidades hay de identificar a los infractores y aplicar sanciones.
Por eso, muchos ayuntamientos combinan el sistema con campañas informativas para fomentar la participación ciudadana y garantizar su funcionamiento.
Multas más altas, la alternavida de otros municipios
No todos los municipios, sin embargo, optan por esta vía. Algunos han descartado el ADN canino por su coste y complejidad, y han apostado por incrementar las sanciones.
Es el caso de Viladecans, donde las multas pueden llegar a los 1.200 euros por no recoger los excrementos. La alcaldesa, Olga Morales, lo resume así: “Cuando tocamos el bolsillo del vecino yo creo que se entiende mucho mejor la necesidad de ser cívicos”.
Además, el municipio ha impulsado la campaña “¡Qué mierda!” para concienciar a la ciudadanía sobre el impacto de estas conductas. Y es que los costes son elevados: en los últimos cuatro años se han tenido que sustituir 208 columnas por corrosión causada por los orines, con un gasto superior a los 230.000 euros.
Entre tecnología y sanciones, los ayuntamientos buscan fórmulas para resolver un problema cotidiano que continúa generando malestar en las calles.
