Lleida es una ciudad poco cuidada y poco ordenada. Somos conscientes de ello cuando volvemos de algún viaje y podemos comparar las ciudades visitadas con la nuestra. En Lleida, las sillas, las mesas y los toldos de las terrazas son de propaganda de bebidas, los cables de telefonía ensucian las fachadas, no hay normativa sobre la instalación de las placas solares que repercute en la visual desde la Seu Vella, proliferan establecimientos con publicidades llamativas y no se respeta la ley de política lingüística en la rotulación de los establecimientos.
La imagen desordenada de la ciudad es evidente, y cada vez es también más evidente que paseando por las calles ya no sabes si estás en una ciudad catalana. De hecho, tampoco hay ninguna senyera en ninguna plaza, solo las que ondean en los edificios oficiales. Y no se trata solo de una cuestión estética, también se trata de identidad.
Este mes, el Pleno de la Paeria aprueba la Ordenanza del Paisaje que pretende regular todas estas cuestiones. Y desde Junts per Catalunya, hemos presentado una enmienda que reafirma el cumplimiento de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística.
El artículo 32.3 dice textualmente que “La señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público deberán estar redactados, al menos, en catalán”.
Sorprende pues, cómo una ley que incluso prevé un régimen sancionador, no se haya hecho cumplir nunca. Durante décadas, las administraciones han mirado hacia otro lado. Hemos convertido la defensa del catalán en una cuestión casi exclusivamente simbólica. Muchas campañas. Muchos lemas. Muchas declaraciones institucionales. Pero muy poca exigencia real.
Mientras tanto, el catalán retrocede. Retrocede cuando hay negocios que no utilizan el catalán. Retrocede cuando cambiamos automáticamente de lengua, incluso con jóvenes que ya han estudiado aquí. Retrocede cuando asumimos, por el color de la piel, por el nombre o por un acento diferente, que aquella persona “seguro que no entenderá el catalán”.
Hace pocos días, el gobierno municipal afirmaba que “nunca se había hecho tanto para fomentar el uso social del catalán en Lleida”. Quizás sí que se han hecho reuniones, jornadas y actividades. Pero, ¿se han evaluado estas acciones? ¿Tenemos indicadores? ¿Sabemos si el catalán gana o pierde presencia en los barrios, en el comercio, entre los jóvenes o en el deporte?
La situación es lo suficientemente grave como para preguntarnos si realmente estas políticas están funcionando.
Otros municipios, como Girona, han impulsado encuestas de usos lingüísticos para conocer la realidad y poder actuar con criterio. En Lleida, en cambio, continuamos hablando muy a menudo de sensibilización sin instrumentos claros de evaluación.
Desde Junts ya propusimos incorporar el catalán como criterio transversal en el Plan Estratégico de Subvenciones, para que las actividades hechas en catalán pudieran obtener más puntuación. La propuesta se aceptó. Pero ahora toca otra pregunta: ¿se controla? ¿Se hace seguimiento? ¿O queda simplemente en una declaración de buenas intenciones?
Porque hemos llegado a un punto en que el catalán ya no se defenderá solo con buena voluntad. Necesita autoestima colectiva, prestigio social y también instituciones dispuestas a hacer cumplir la ley con normalidad y sin complejos.
Defender el catalán no es ir contra nadie. Es garantizar que la lengua propia de Cataluña pueda continuar viva, visible y presente en las calles de Lleida. También en los escaparates. También en los rótulos. También en el paisaje cotidiano de la ciudad.
Amo Lleida y la amo en catalán y, porque la amo, quiero que continúe formando parte de nuestra identidad y quiero poder vivir en catalán.