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El llamamiento que está realizando Assumpta Serna, actriz en diferentes medios denunciando el trato que están recibiendo las personas dependientes y sus cuidadores, está poniendo sobre la mesa una realidad que durante demasiado tiempo hemos normalizado. Y quizá haya llegado el momento de hablar claro.
Defendemos que las personas mayores y dependientes permanezcan en sus casas el máximo tiempo posible. Estoy de acuerdo. Nuestro domicilio, nuestros recuerdos y nuestro entorno deben seguir formando parte de nuestra vida aunque necesitemos apoyos. Pero si apostamos por los cuidados en casa: ¿quién está pagando realmente esos cuidados? Porque corremos el riesgo de crear dependientes de primera y dependientes de segunda.
Cuando se reconoce una dependencia y se asignan horas de ayuda a domicilio, aparece un copago que, para muchas pensiones, resulta difícilmente asumible. Si una persona no puede pagarlo, ¿qué alternativa le queda? Demasiadas veces, volver a la familia y al - cuidador no profesional -.
Y cuando hablamos de cuidados familiares seguimos hablando, mayoritariamente, de mujeres. Mujeres que reducen jornadas, abandonan empleos o pasan años fuera del mercado laboral para cuidar. Hemos avanzado durante décadas en igualdad y derechos para acabar devolviendo silenciosamente a muchas mujeres al hogar. Existe además otra realidad incómoda: la economía sumergida. Familias que necesitan ayuda y buscan lo que pueden pagar. Mujeres trabajando sin contrato, sin cotización y sin protección. Las cuidadoras precarias de hoy pueden ser las jubiladas pobres de mañana.
Mientras tanto, tenemos familias agotadas, cuidadores al borde del colapso y personas dependientes cuyas necesidades reales superan los apoyos que reciben. No podemos llamar desinstitucionalización a trasladar la responsabilidad y el coste de los cuidados desde las administraciones hacia las familias.
El llamamiento de Assumpta Serna debería servir, como mínimo, para abrir este debate. Si las comunidades autónomas van a recibir más recursos para dependencia, es el momento de destinarlos a servicios profesionales suficientes y a reducir el copago, especialmente para las pensiones más bajas.
Porque permanecer en casa debe ser un derecho. Cuidar en casa porque no podemos permitirnos otra alternativa no puede convertirse en una obligación.