El Parlament de Catalunya ha aprovat —per unanimitat— una resolució en favor d’un finançament suficient per als ajuntaments -especialment els de les Terres de Lleida i el món rural- per tal que puguin assumir amb eficàcia la gestió de les colònies de gats ferals, és a dir gats assilvestrats. Val la pena aclarir que no estem parlant en aquest cas dels gats fers o salvatges (en castellà “gato montés”) sinó dels domèstics que, com a resultat de la falta de control de la reproducció o bé perquè han estat abandonats o han fugit, han adoptat un estil de vida salvatge. La diferència, doncs, entre els gats domèstics i els ferals no és de tipus genètic, sinó simplement de comportament i estil de vida. Els gats ferals, en tenir poc contacte amb els humans, generalment no es poden adoptar i tenen un impacte negatiu en la biodiversitat.
Cuando propones personalmente una iniciativa que pone sobre la mesa un problema real, cotidiano y a menudo invisible que afecta a cientos de municipios pequeños y micro-pueblos de nuestro país, y se aprueba por unanimidad, tienes una pequeña satisfacción suplementaria, hay que reconocerlo, pero lo importante es que el marco legislativo establece claramente que la responsabilidad de controlar los animales abandonados y las colonias felinas recae sobre los ayuntamientos
Esta normativa obliga a identificar los animales con microchip, esterilizarlos, vacunarlos, desparasitarlos, elaborar censos, mapas de colonias y programas de control poblacional todo de cara al bienestar animal como a la convivencia en los núcleos urbanos y rurales. El problema es que esta obligación no ha ido acompañada hasta ahora de los recursos económicos ni técnicos imprescindibles para hacerla viable.
En las Tierras de Lleida esta situación se ve agravada por la realidad territorial. Hablamos de un territorio extenso, con una gran dispersión de población, con muchos municipios pequeños y micro-pueblos, con estructuras administrativas muy limitadas y a menudo, con una falta de profesionales veterinarios y de entidades de apoyo. Mientras que una gran ciudad puede contar con protectoras, voluntariado y servicios técnicos especializados, en muchos pueblos el alcalde y un pequeño equipo municipal han de asumir todas las competencias, con presupuestos muy ajustados y sin capacidad de hacerles frente.
Esta desigualdad hace que la misma ley, aplicada de manera uniforme, genere una clara injusticia territorial. Exigir a un municipio de 200 habitantes el mismo nivel de actuación que a una ciudad de 200.000, sin diferenciar recursos ni capacidades, no es ni realista ni equitativo. Y, aún peor, aboca a muchos ayuntamientos al incumplimiento involuntario de la normativa, no por falta de voluntad, sino por falta de medios
Las subvenciones existentes hasta ahora han sido claramente insuficientes y, además, diseñadas con criterios que no tienen en cuenta la realidad del mundo rural. En muchos casos, los requisitos administrativos o de cofinanciación han impedido incluso que los municipios pequeños pudieran optar a las ayudas. Y los que han podido acceder han constatado que las cantidades recibidas no cubren ni de lejos el coste real de la gestión integral de las colonias felinas.
Pero lo más grave es que el Gobierno de la Generalitat ha asumido las obligaciones derivadas de una ley estatal, pero no ha asumido su parte de financiación. Es decir, se han trasladado a los ayuntamientos responsabilidades muy exigentes en materia de protección animal sin garantizar los recursos necesarios para hacerlas efectivas. La ley dice qué se debe hacer, pero no pone sobre la mesa cómo se debe pagar y el problema acaba recayendo, una vez más, sobre los municipios, especialmente sobre los más pequeños.
La propuesta de resolución aprobada insta al Gobierno a garantizar una dotación estable de recursos económicos a los ayuntamientos, con líneas de ayuda adaptadas a la realidad de cada territorio, diferenciando entre grandes ciudades y municipios rurales, y teniendo en cuenta su capacidad administrativa, la densidad de población y la disponibilidad de servicios. No se trata solo de proteger a los animales, sino de hacerlo con criterios de justicia territorial y responsabilidad institucional
La protección animal, la salud pública y la convivencia son objetivos compartidos por todos. Pero no pueden depender del código postal ni del presupuesto de un ayuntamiento pequeño. Si el país quiere cumplir la ley y avanzar en bienestar animal, es necesario que las administraciones superiores asuman también su parte de responsabilidad y garanticen la financiación necesaria. Esta es una cuestión de sentido común, de coherencia legal y, sobre todo, de respeto hacia los municipios que, día tras día, sostienen el territorio con mucho menos de lo que les correspondería