La vivienda es una de las principales preocupaciones de las familias, no solo por la dificultad de acceder a ella o por los precios del alquiler. También lo es por la inseguridad y la impotencia que sienten muchos propietarios cuando alguien ocupa su casa y tienen dificultades para recuperarla. En Lleida debemos garantizar que todo el mundo pueda vivir con tranquilidad, que se respete la propiedad privada y que ningún vecino tenga que convivir con conflictos provocados por una ocupación ilegal.
Desde el PP Lleida lo tenemos claro: no a las ocupaciones ilegales de viviendas, sí a la propiedad privada y sí a la convivencia vecinal. No podemos normalizar que una familia, un pequeño propietario o una comunidad de vecinos tengan que soportar una situación de indefensión ante una ocupación conflictiva.
Hay que hablar. Una cosa es garantizar una respuesta social a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad residencial, y otra muy diferente es permitir que alguien se apropie ilegalmente de una vivienda o genere problemas de convivencia sin que las administraciones actúen con la rapidez necesaria. La vulnerabilidad social se debe atender con recursos y soluciones, pero nunca puede ser una excusa para dejar desprotegidos a los propietarios ni a los vecinos.
Por eso, defendemos medidas contundentes que permitan recuperar una vivienda ocupada ilegalmente en un máximo de 48 horas, con todas las garantías legales. No es aceptable que los afectados tengan que afrontar procedimientos largos, gastos económicos y una incertidumbre que puede alargarse durante meses. La ley debe proteger a quien cumple, no dar una sensación de impunidad a quien la vulnera.
Es necesario un cambio legislativo a escala estatal. Un futuro Gobierno del PP en España debe situar esta cuestión entre sus prioridades y tramitar las medidas legislativas necesarias para hacer posible este objetivo.
Pero esta defensa no empieza ni acaba en Madrid. En Lleida, durante el anterior mandato, el PP presentamos una moción en el Ayuntamiento de Lleida para solicitar la creación de una oficina de asesoramiento destinada a los propietarios, a los vecinos y a las comunidades afectadas por ocupaciones de viviendas. Queríamos que los afectados dispusieran de un punto de referencia donde recibir orientación, conocer sus derechos y saber cómo actuar. La propuesta fue rechazada por los grupos de la izquierda y por el gobierno municipal.
Durante este mandato, hemos vuelto a defender una partida específica para crear esta oficina. Y los socialistas han vuelto a rechazar la iniciativa. De los socialistas nos lo podemos esperar todo, sobre todo en Lleida. ¡Están para dar lecciones…!
El Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado. Debe poner recursos a disposición de las personas afectadas, reforzar la coordinación con los cuerpos policiales y los servicios jurídicos, actuar ante los problemas de convivencia y facilitar información clara sobre cómo denunciar una ocupación ilegal. También hay que intervenir con rapidez ante amenazas, coacciones o situaciones que alteren la tranquilidad de los residentes.
Lleida necesita también una política de vivienda sólida. Hay que facilitar la construcción de vivienda nueva, impulsar la colaboración público-privada, ampliar la oferta de alquiler asequible y movilizar las viviendas vacías con garantías jurídicas para los propietarios. Debemos facilitar el acceso a una vivienda digna, especialmente a los jóvenes y a las familias que tienen más dificultades, sin contraponer este objetivo al respeto por la propiedad privada.
La solución pasa por combinar prevención, oferta de vivienda, apoyo social y contundencia ante la ilegalidad. Todo esto es perfectamente compatible.
Desde el PP de Lleida continuaremos defendiendo estas medidas. Lleida necesita menos excusas y más soluciones. Defender la propiedad privada es defender la libertad, la seguridad y la convivencia. Y ante las ocupaciones ilegales, nuestra posición es clara: tolerancia cero con la ilegalidad y apoyo a los vecinos afectados.
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