Recientemente los medios de comunicación han publicado datos sobre la multirreincidencia en Lleida. La cifra es tan contundente que cuesta creer: hay 20 delincuentes multirreincidentes que acumulan 359 antecedentes policiales. De estos, 8 son especialmente activos y acumulan 212 denuncias. Las edades también hacen pensar: el más joven tiene 20 años y el más mayor 44.
Es una cifra que estremece y que indigna a muchos ciudadanos, que no entienden nada. ¿Cómo puede ser que delinquir una y otra vez no tenga consecuencias reales? ¿Cómo es posible que haya tantas detenciones y, a la vez, que estas personas entren por una puerta y salgan por otra? Pues porque la ley, hasta ahora, así lo establece.
Si el valor del hurto es inferior a los 400 euros, habitualmente se consideraba un delito leve y la consecuencia acostumbra a ser una multa. Además, el sistema tiende a tratar cada caso de manera aislada: un hurto, una multa; otro hurto, otra multa. Y así sucesivamente.
El resultado es lo que vemos hoy. Algunos delincuentes habituales han llegado a acumular decenas de denuncias sin que esto comporte una respuesta penal más contundente. Y los ciudadanos acabamos teniendo la sensación, cierta por cierto, que delinquir sale demasiado barato.
Es precisamente para responder a esta realidad que el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 12 de febrero la Proposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia. Una iniciativa impulsada por Junts per Catalunya, registrada en marzo de 2024, para reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Apunte importante: ¡ha tardado dos años en ver la luz!
El objetivo es claro: endurecer la respuesta penal ante la multirreincidencia en hurtos y estafas y permitir penas de hasta tres años de prisión cuando hay reiteración delictiva. El cambio es importante, porque introduce un principio de sentido común: si alguien convierte el hurto en una manera habitual de actuar, el sistema debe poder reaccionar con más contundencia.
La reforma también incorpora otras medidas importantes. Una de ellas es el endurecimiento de la respuesta penal ante el robo de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos. A partir de ahora, el hurto de un móvil o de cualquier dispositivo electrónico pasa a ser un hurto agravado que puede comportar penas de prisión, en vez de sanciones económicas que no se acaban pagando nunca ni son disuasorias. Porque un móvil hoy no es solo un objeto: llevamos datos personales, fotografías, información privada y aplicaciones bancarias. Por eso robar un móvil es mucho más que tomar un objeto.
La reforma también tiene en cuenta una realidad muy presente en el mundo rural: los robos en el campo. Durante años, muchos agricultores han visto con impotencia cómo se entraba en sus fincas para llevarse fruta, maquinaria o herramientas, como si las cosas del campo no tuvieran propietario. La nueva regulación refuerza la protección ante estos casos.
Ahora bien, también se necesita una justicia con recursos. La reforma también prevé aumentar el número de jueces, porque sin jueces suficientes las leyes no se pueden aplicar con eficacia. Y la justicia, si llega tarde, deja de ser justa.
La seguridad no debería ser motivo de disputa política. Es una cuestión de sentido común. Una sociedad democrática debe garantizar los derechos de todos, pero también una cosa básica: poder vivir con seguridad.
La convivencia no se defiende con discursos vacíos ni con buenismos. Se defiende con normas claras y con la certeza de que quien las rompe una y otra vez acabará teniendo consecuencias.
Porque una sociedad justa también es aquella donde delinquir deja de salir gratis.