OPINIÓN | Coordinación policial

Hay una cosa que no podemos perder de vista: la seguridad no es una ideología. La seguridad de Lleida no puede ser ideológica. No es de izquierdas ni de derechas. No es progresista ni conservadora. La seguridad es un derecho de todos los ciudadanos y garantizarla es una de las principales obligaciones de cualquier gobierno.

En Lleida tenemos un problema cuando una cuestión tan esencial se convierte en un debate ideológico. Cuando se relativiza la delincuencia, cuando se confunde buenismo con política social o cuando se crean nuevos organigramas, mesas, comités, cuadros de mandos, nuevos portavoces o un comité para no reconocer la incapacidad política para gestionar y garantizar la seguridad en los barrios y así, encubrir la negligente gestión del gobierno socialista que cree que a golpe de ir improvisando decisiones olvidaremos el error anterior.

Por eso, quiero expresar todo mi apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad que trabajan en nuestra ciudad: Guardia Urbana, Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil. Son nuestros agentes los que, cada día, dan la cara en las calles, intervienen ante situaciones complicadas y garantizan que las normas se cumplan. Todo mi apoyo a ellos y a sus familias.

Hay que decirlo claro: en democracia, la autoridad no es el problema. La autoridad es parte de la solución.

Tenemos que recuperar el respeto a la policía. Respetar a los agentes no significa darles carta blanca, sino reconocer que representan la autoridad democrática y que tienen la responsabilidad de protegernos. Cuando un agente es cuestionado, desautorizado o dejado solo ante determinadas situaciones, quien sale perjudicada es toda la sociedad.

Y esta defensa de la autoridad debe ir acompañada de recursos, medios y coordinación.

Lleida necesita una coordinación policial real y efectiva entre Guardia Urbana, Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil. Cuatro cuerpos, cuatro capacidades diferentes, pero un mismo objetivo: proteger a los ciudadanos. Hay que compartir información, coordinar operativos, actuar conjuntamente cuando sea necesario y evitar cualquier duplicidad o vacío de responsabilidades. Pero sobre todo hace falta apoyo y liderazgo político.

La ciudadanía no quiere saber qué cuerpo es competente en cada caso. Quiere que alguien actúe.

Cuando un vecino sufre un robo, cuando un comerciante vive con inseguridad, cuando hay ocupaciones conflictivas, incivismo o problemas de convivencia, lo que espera de las administraciones es una respuesta. No quiere excusas. No quiere que las competencias sirvan para pasarse la responsabilidad de un lado a otro.

Y aquí debemos ser especialmente críticos con las políticas del buenismo que, con demasiada frecuencia, han acabado confundiendo la defensa de la convivencia con la negación de los problemas.

Una política social efectiva debe prevenir y dar oportunidades. Pero una política social no puede sustituir una política de seguridad. Y el progresismo no puede convertirse en una excusa para mirar hacia otro lado ante la delincuencia o el incivismo.

La tolerancia con quien incumple las normas acaba siendo una injusticia con quien las cumple.

Lleida reclama seguridad. Lo reclaman los vecinos del centro y de los barrios. Lo reclaman Llívia, Raimat, Sucs y l’Horta. Lo reclaman familias, comerciantes, autónomos, gente mayor y jóvenes. Todos quieren poder caminar por sus calles con tranquilidad, abrir un negocio sin miedo y saber que, si pasa algo, la administración responderá. Esta demanda no es ideológica. Es legítima.

Defiendo y defenderé una política de seguridad sin complejos: más coordinación policial, más apoyo a los agentes, más autoridad democrática y más contundencia contra la delincuencia y el incivismo. Estoy al lado de la policía, sin rodeos. Porque una Lleida segura es una Lleida más libre. Y porque gobernar también significa garantizar que los leridanos puedan vivir sin miedo.