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El colectivo vecinal No a Valogreene, conjuntamente con Ecologistas en Acción, ha interpuesto una denuncia en fiscalía por presuntas irregularidades administrativas relacionadas con la tramitación de la planta de pirólisis destinada al tratamiento de residuos plásticos que la empresa Valogreene pretende edificar en la localidad de la Selva del Camp (Baix Camp).
Los contrarios al proyecto denuncian que este presenta deficiencias legales y que no se ha respetado el procedimiento adecuado para autorizar una instalación de este tipo. “Venden el proyecto como si fuera una revalorización de residuos cuando realmente es una empresa de producción de hidrocarburos”, afirma Víctor Álvarez, portavoz de Ecologistas en Acción en el Camp de Tarragona.
Amenaza medioambiental según los colectivos ecologistas
Álvarez también ha subrayado que esta iniciativa representa “una ampliación y continuidad de una industria química altamente contaminante en el Camp de Tarragona”. Los vecinos han celebrado que, gracias a la presión ciudadana, el Ayuntamiento de la Selva del Camp impulsó una revisión de oficio ambiental.
Esta revisión se remitió tanto a la Oficina de Gestión Ambiental (OGAU) de la Generalitat como a la Oficina Técnica Ambiental Comarcal (OTAC) del Consejo Comarcal del Baix Camp. Ambas entidades concluyeron que “una planta de estas características debía disponer de la Evaluación de Impacto Ambiental (AIA)”. Según los miembros de la plataforma, la ausencia de esta AIA podría provocar “la nulidad de la licencia” y, si se quisiera continuar con el proyecto, habría que reiniciar todo el proceso desde el principio.
Rechazo social e institucional creciente
Adela Martin-Albo, miembro del colectivo No a Valogreene, ha manifestado que “esto no es una petición de revisión. Es un clamor unánime para archivar y cerrar definitivamente el caso Valogreene”. El grupo vecinal ha conseguido reunir más de 2.800 firmas de particulares y de 30 empresas.
Por otro lado, el grupo ha valorado positivamente haber recogido más de 200 alegaciones ciudadanas contra el proyecto, y también el rechazo institucional manifestado por los ayuntamientos de Alcover y l’Albiol.
