El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha reunido este miércoles en Casa Canals a los representantes municipales de los principales municipios vinculados al polígono petroquímico y a su entorno económico para abordar el impacto del ajuste anunciado por Dow Chemical en el Estado, que prevé una reducción de 138 puestos de trabajo.
El encuentro ha contado con la participación del teniente de alcalde de Promoción Económica y Conocimiento de Reus, Josep Baiges; el alcalde de la Pobla de Mafumet, Joan M. Sardà; el alcalde de la Canonja, Roc Muñoz; el alcalde del Morell, Eloi Calbet; el alcalde de Vila-seca, Pere Segura; el alcalde de Vilallonga del Camp, Gerard Gené; el alcalde de Perafort y Puigdelfí, Jordi Cacho Pallarès; el alcalde de Constantí, Òscar Sánchez; y el concejal de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Medio Natural de Valls, Andreu Gassó.
Los representantes municipales han coincidido en la necesidad de articular una respuesta institucional conjunta en defensa de la ocupación, las personas trabajadoras y el futuro industrial del Camp de Tarragona. El objetivo es actuar con una sola voz ante cualquier decisión que pueda afectar a las plantillas, la actividad productiva y el conjunto del ecosistema industrial del territorio.
“Tarragona no puede aceptar los recortes como un hecho inevitable. Detrás de cada posible despido hay personas, familias, trayectorias profesionales y conocimiento industrial acumulado que no se pueden tratar como una simple variable de ajuste”, ha manifestado el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.
Viñuales ha remarcado que la defensa del polo químico va más allá del mantenimiento de puestos de trabajo concretos y que está vinculada al futuro económico del territorio. “Tarragona no defiende solo unos puestos de trabajo; defiende su capacidad de tener futuro industrial. No habrá una transición verde sólida sin una industria fuerte, y no habrá una industria fuerte si se prescinde de sus trabajadores y trabajadoras”, ha concluido el alcalde.
Una mesa de trabajo para buscar alternativas
La reunión de Casa Canals ha servido para compartir información, analizar la situación y acordar las primeras acciones institucionales. Entre las medidas planteadas se encuentran la reclamación de información completa sobre el impacto laboral y territorial del proceso y la creación de una mesa de trabajo con la empresa, los sindicatos, las administraciones y los agentes económicos.
Los municipios defienden que cualquier proceso que pueda afectar a las plantillas debe ser negociado, justificado y transparente, y que es necesario agotar todas las vías posibles para preservar la ocupación. Entre estas alternativas se plantean reubicaciones internas, planes de formación, movilidad voluntaria, jubilaciones pactadas, excedencias incentivadas, recolocaciones y nuevos compromisos de inversión que permitan mantener la actividad industrial en el territorio.
El alcalde de Tarragona ya se ha reunido con el comité de empresa de Dow para conocer de primera mano las inquietudes de la plantilla y trasladar el compromiso del Ayuntamiento de situar la defensa de las personas trabajadoras en el centro de la acción institucional.
“Tarragona tiene la fuerza, el conocimiento y la capacidad para liderar la industria del futuro. Pero este liderazgo no se puede construir sobre la incertidumbre de las familias ni sobre la pérdida de talento”, ha añadido Viñuales.
Reivindicación de un polo químico más competitivo
Los alcaldes y representantes municipales participantes han defendido que la industria química es un sector estratégico para Tarragona, el Camp de Tarragona, Cataluña y el conjunto del Estado. Según han apuntado, el liderazgo industrial del territorio es fruto de décadas de especialización, innovación y conocimiento acumulado por miles de profesionales.
Ante los retos que afronta el sector, como los costes energéticos, la competencia internacional, la presión regulatoria o el proceso de descarbonización, los municipios consideran que la respuesta no puede pasar por la pérdida de talento ni por una reducción de la capacidad productiva.
En este sentido, la futura declaración institucional conjunta reclamará medidas para reforzar la competitividad del polo químico de Tarragona, con energía asequible, agilidad administrativa, apoyo a la modernización de las plantas, herramientas para avanzar en la descarbonización y una defensa efectiva ante prácticas de competencia desleal.
