El Consejo Plenario del Ayuntamiento de Tarragona ha aprobado este lunes la nueva ordenanza de uso social de los centros educativos municipales. El objetivo es convertir las escuelas y otros equipamientos educativos en espacios abiertos a la comunidad, donde se puedan desarrollar actividades y servicios fuera del horario escolar.
Según la consejera de Educación, Isabel Mascaró, “Queremos que estos equipamientos educativos se conviertan en nodos de oportunidades educativas, culturales, deportivas y de cohesión social para todos los tarraconenses y, en especial, para el alumnado de las escuelas públicas de la ciudad”. También ha añadido que la nueva ordenanza “parte de la convicción de que los centros educativos municipales, además de ser espacios de formación, son recursos valiosos para impulsar políticas sociales y educativas más allá del currículum lectivo”.
Con esta medida, el Ayuntamiento de Tarragona, a través del Instituto Municipal de Educación de Tarragona (IMET), quiere:
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Fomentar el uso social de los equipamientos educativos fuera del horario escolar con actividades y servicios abiertos a la ciudadanía.
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Reforzar el compromiso con la Alianza Educación 360, que promueve la acción educativa más allá del horario lectivo y durante las vacaciones.
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Apoyar a las Asociaciones de Familias de Alumnos (AFA) y otros colectivos que desarrollan actividades educativas, culturales, artísticas, deportivas o sociales.
La nueva ordenanza se ha elaborado con un proceso participativo abierto a las AFA, equipos directivos y grupos municipales, con el objetivo de recoger sugerencias y perspectivas diversas que garanticen un modelo adaptado a las necesidades reales de los centros y de la comunidad educativa.
El reglamento anterior, vigente desde 2001, no reflejaba las necesidades actuales ni los vínculos con las políticas educativas municipales. Con la nueva norma, se actualiza el marco normativo, se adapta a la realidad educativa y social vigente, prioriza el uso educativo y coherente de los espacios y ofrece la oportunidad de convertir la ordenanza en una herramienta de equidad educativa, reforzando el papel de los centros como espacios de confianza y de desarrollo comunitario.