En la sesión celebrada ayer por el consejo de administración del Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes (SMHAUSA), su presidente, Nacho García, anunció que "SMHAUSA ya ha recibido por parte de la Generalitat de Catalunya los 5,98 millones de euros correspondientes al acuerdo para la cancelación de los derechos de superficie sobre la Escola Oficial d’Idiomes".
Este ingreso económico, junto con la formalización prevista de la cancelación el próximo 7 de enero, permitirá clausurar definitivamente el litigio entre el Ayuntamiento de Tarragona y la Generalitat. Este conflicto se había originado por discrepancias en el cálculo económico asociado a esta cancelación y había derivado en varias querellas judiciales entre ambas administraciones. Con este acuerdo se pondrá punto final a los procesos judiciales abiertos, garantizando una solución estable y definitiva.
Antecedentes del derecho de superficie
El 9 de noviembre de 2010 se estableció un derecho de superficie sobre las fincas conocidas como la antigua Cartuja —de titularidad pública catalana— a favor del consistorio tarraconense. Este acuerdo tenía una vigencia inicialmente fijada en 33 años, pero contemplaba que desde el octavo año después de entregarse el equipamiento, la Generalitat podría optar por abonar el coste total construido y así cancelar este derecho.
Posteriormente, el 16 de diciembre de 2013 se firmó un contrato de arrendamiento entre la Generalitat y SMHAUSA. En septiembre de 2021, la Generalitat notificó formalmente al Servicio Municipal su voluntad tanto de anular el derecho como también este contrato. Sin embargo, no lograron consensuar el importe económico.
Ante esta situación conflictiva, SMHAUSA interpuso demanda contra la Generalitat el 30 de mayo de 2024; mientras que esta última respondió presentando una contrademanda contra el Ayuntamiento y SMHAUSA el 1 de octubre del mismo año.
Bases para la adjudicación de las viviendas protegidas
Además de este anuncio relevante, durante la reunión también se han dado a conocer las bases reguladoras para adjudicar las 192 viviendas destinadas al alquiler asequible situadas en Les Oliveres (PP10). Este documento será enviado ahora a la Generalitat para que apruebe oficialmente las condiciones.
La estructura contempla reservas específicas según contingentes sociales: habrá 8 pisos reservados para personas con movilidad reducida, 49 viviendas destinadas a jóvenes menores de 35 años, 37 dirigidos a mayores de 65 años, así como 12 alojamientos reservados para personas con discapacidad.
Requisitos generales de acceso a las viviendas protegidas
Dentro de las bases también se detallan los criterios mínimos necesarios para optar a ellas: es indispensable estar inscrito en el registro oficial de los solicitantes de vivienda protegida en Cataluña; ser mayor de edad; acreditar residencia continuada mínima durante dos años en Tarragona; tener nacionalidad española o europea o disponer de un permiso vigente de residencia legal.
Además, hay que demostrar que ni los solicitantes ni los miembros convivientes son propietarios actuales de una vivienda o bien están incapacitados legalmente para asumir contratos. El documento especifica también qué documentación hay que aportar que acredite estos requisitos.
Nivel máximo de esfuerzo económico permitido
Por otro lado, se establece que el coste mensual del alquiler no podrá superar nunca el 30% de los ingresos totales actuales de los miembros convivientes. Además, estos ingresos anuales deberían estar comprendidos entre un mínimo equivalente a 1,5 veces el Indicador Público de Rentas Suficientes (IRSC), hasta un máximo igual a cuatro veces este indicador fiscal.