Un vecino de Reus vive un auténtico despiste desde hace más de tres años, cuando dejó de percibir el alquiler de su única propiedad. El Joaquim denuncia que a pesar de no cobrar ni un solo euro desde principios de 2021, los inquilinos se mantienen en la vivienda gracias a un certificado de vulnerabilidad. Con su relato hecho en El Mundo en RAC1, ha despertado una oleada de apoyo en las redes.
Un contrato que comenzó con buena fe
En 2019, Joaquim, junto con su familia, decidió alquilar su casa para poder afrontar las dificultades económicas que sufría. El contrato de alquiler se firmó con otra familia con tres hijos, con la esperanza de poder garantizar un ingreso regular para cubrir la hipoteca. Mientras tanto, se mudaron con unos amigos. Todo parecía ir bien hasta que, un año más tarde, comenzaron los impagos.
A principios de 2021, los inquilinos alegaron que no podían seguir pagando el alquiler por problemas económicos derivados de la pandemia y una posible separación familiar. Sin embargo, El Joaquim asegura que su vida no reflejaba esta situación.
Certificado de vulnerabilidad, y una vida de lujo
A pesar de estas discrepancias, el Ayuntamiento de Reus, en el año 2021 y según menciona el denunciante, concedió a los inquilinos un certificado de vulnerabilidad, una herramienta legal que les permitía permanecer en la casa sin la posibilidad de un desahucio inmediato. Joaquim presentó pruebas que demostraban que la familia no se encontraba en situación de vulnerabilidad, sino todo lo contrario. Sin embargo, el consistorio desestimó las pruebas.
Los inquilinos continuaron ocupando la casa sin pagar y encima la inscribieron como alojamiento turístico en la plataforma Booking, pese a que no disponía de licencia. Esto provocó que la Agencia Tributaria de Cataluña iniciara un embargo de la nómina de Joaquim, acusándolo de alquilar una propiedad sin los permisos correspondientes. Un embargo que se eleva a 500 euros mensuales, según RAC 1.
Los ocupantes de la casa han continuado manteniendo un alto nivel de vida, sin mostrar ningún signo de dificultad económica, ha denunciado el Joaquim. “Este verano se hicieron socios del club de golf e incluso montaron una piscina de 9.000 litros”, denuncia al medio.
Un procedimiento judicial complicado
A la situación desesperante de Joaquín se añade la lentitud del proceso judicial. A pesar de las denuncias interpuestas, las leyes no le permiten recuperar su propiedad. Los inquilinos han alegado que conviven con los padres de uno de los miembros de la familia, personas mayores, lo que ha dificultado el proceso judicial. Por este motivo, el Joaquim ha tenido que iniciar un segundo procedimiento para desalojar a toda la familia, pero hasta el momento, aún espera que se convoque una vista judicial.
Ahora, el denunciante, que se ha quedado sin ahorros y con su familia con dificultades económicas, afirma: “Nos está destruyendo”.
