La Audiencia Nacional ha situado dentro de la investigación sobre una presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo, que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, un intento de operación relacionado con el proyecto Hard Rock de Tarragona. Según ha avanzado El Periódico y confirmado la ACN, el auto judicial incluye un contrato firmado el 1 de octubre de 2021 entre dos empresas y el supuesto intermediario vinculado a Zapatero, Julio Martínez, que preveía “una contraprestación del 3%” para la “búsqueda de oportunidades de negocio”. Este documento identifica explícitamente el proyecto Hard Rock, valorado en unos 2.000 millones de euros.
Sin embargo, el juez señala que “no consta ningún pago” vinculado a esta operación y que, por tanto, los contactos “podrían no haberse materializado”. La documentación incorporada a los informes policiales apunta a que los contratos fueron suscritos por el Grupo Aldesa y por Consulenza Strategica, sociedad propiedad de Julio Martínez Martínez.
Borradores y terminología sesgada en los contratos
Por otro lado, se ha detectado que Martínez requirió expresamente eliminar la palabra “comisión” del contrato. Según el magistrado, este hecho “permite inferir que la operativa se articulaba mediante denominaciones alternativas vinculadas a supuestos servicios de asesoramiento”, con el objetivo claro de encubrir la naturaleza económica real de los movimientos.
Además, el auto indica que este patrón es similar al detectado en otras sociedades implicadas en la causa, reforzando así la hipótesis de que se trataría de una estrategia para “ocultar o disfrazar pagos de diversa naturaleza” a través de contratos aparentemente mercantiles.
Más detalles sobre pagos millonarios a empresas vinculadas
La resolución también expone diversos pagos efectuados por la compañía aérea Plus Ultra. El juez considera que esta empresa abonó cerca de cuatro millones de euros entre 2020 y 2025 a sociedades relacionadas con Julio Martínez y el entorno empresarial cercano a Zapatero.
De entre estas firmas aparecen: Análisis Relevante, Whathefav, Gate Center, Inteligencia Prospectiva y Softgestor. Según el informe judicial, muchas tenían una actividad limitada o poco acreditada, pero gestionaban elevados importes mediante facturación cruzada, contratos de asesoramiento y transferencias internas.
El interés del juez se concentra especialmente en que Plus Ultra comenzó a pagar a Análisis Relevante justo al día siguiente de que la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) aprobara una ayuda pública valorada en 53 millones de euros. Esta circunstancia es considerada relevante porque algunos de los contratos se firmaron antes incluso de la aprobación definitiva del rescate financiero; hecho interpretado como un posible conocimiento anticipado de las decisiones administrativas.
