El Partido Popular (PP) de Tarragona ha alertado de un repunte de las denuncias por ocupaciones ilegales en la provincia, que —según esta formación— habrían crecido más de un 50% en siete años. La diputada en el Congreso Elisa Vedrina ha situado las cifras “de 521 denuncias en 2017 a cerca de 800 en 2024”, datos que atribuye a respuestas remitidas por el Gobierno español al grupo popular. “Hace tiempo que decimos que el problema no remonta; al contrario, crece. Y esto sólo recoge los casos denunciados”, ha remarcado.
Desde un acto informativo en el centro de Reus, donde la han acompañado la portavoz local del PP, Sílvia Virgili, y el concejal Sebastià Domenech, Vedrina ha criticado que la proposición de “ley antiocupación” registrada por su partido continúe, dice, “bloqueada” en la Mesa del Congreso. Según la diputada, el texto plantea, entre otros, que los cuerpos y fuerzas de seguridad puedan ordenar el desalojo en un máximo de 24 horas una vez requerido, impedir el empadronamiento en inmuebles ocupados y “endurecer las penas por ocupación ilegal”. También propone “excluir la protección de morada” en estos supuestos y reconocer “de manera inmediata” el título del propietario. “Con el actual marco legal se ha favorecido la ‘inquiocupación’, haciendo más pesado recuperar una vivienda cuando no se paga deliberadamente el alquiler”, ha añadido.
En clave local, Sílvia Virgili ha asegurado que el fenómeno está “extendido” en toda la ciudad de Reus y que “concentra cerca de la mitad de los casos de la comarca”. “Es hora de acabar con esta problemática y de aplicar la ley con claridad”, ha sostenido.
La formación popular responsabiliza al Gobierno central de frenar la tramitación de la iniciativa al considerar que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, “impide que se debata y se vote”. El PP vincula el aumento de denuncias a problemas de convivencia vecinal y a “dificultades de acceso a la vivienda”, y reclama un cambio normativo “rápido y efectivo”.
