El Partido Popular ha denunciado la falta de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la provincia de Tarragona. La diputada Elisa Vedrina ha apuntado que hay un déficit de 213 agentes en todo el territorio entre los dos cuerpos policiales.
En una atención a medios este martes al mediodía en Salou y acompañada por el concejal del Grupo Municipal popular del municipio Mario García, Vedrina ha explicado que el déficit llega al 20% de los que están previstos en el catálogo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. “Garantizar la seguridad en nuestra provincia debería ser una de las prioridades de cualquier gobierno y más si está previsto un determinado número de agentes para asegurar toda la provincia”, ha manifestado Vedrina.
En concreto, los populares han apuntado que de 406 plazas de Policía Nacional previstas para la provincia, solo se han cubierto 305 y de 669 de la Guardia Civil se han ocupado 557. En total faltan 213 efectivos sobre 1.075 plazas catalogadas que se deberían ocupar de la vigilancia y control de costas, puertos, aeropuertos, aduanas, armas y explosivos, extranjería, terrorismo, criminalidad organizada y drogas.
“La seguridad está comprometida porque no tenemos las plazas que deberíamos tener, no tenemos presupuestos en el Gobierno de España y sospechamos que hay una voluntad de vaciar de contenido las competencias estatales en Cataluña como resultado del pacto entre Pedro Sánchez y las fuerzas independentistas. Esto representa un problema de gestión y un problema político”, ha expresado la diputada.
Por su parte, García ha indicado que la seguridad de los vecinos y vecinas de Salou es una prioridad y ha apelado a la coordinación entre todos los actores. “Tenemos que demostrar que con la colaboración se mejora la seguridad. El problema del top manta se tiene que abordar desde dos principios: la cooperación y la coordinación. No se solucionará echando la culpa al de al lado. Es un problema que nos afecta a todos. Tenemos que sentarnos todos, dialogar y hacer propuestas constructivas para acabar con este problema. Es una actividad ilegal que perjudica a nuestro pequeño comercio y a toda la imagen de la Costa Daurada”, ha concluido García.
