La Plataforma por la Vía Verde, que agrupa vecinos y entidades de Cambrils, Mont-roig del Camp y l'Hospitalet de l'Infant, reclama un acuerdo urgente entre los tres ayuntamientos implicados para desbloquear un proyecto clave que lleva años parado. Este sábado, unas cien personas han caminado por el tramo inicial del trazado ferroviario desmantelado, alertando sobre el riesgo inminente de perder los fondos europeos destinados a financiar esta iniciativa.
Reivindicación desde el antiguo trazado ferroviario
La caminata organizada por la plataforma ha recorrido el trayecto comprendido entre la antigua estación de l'Hospitalet de l'Infant y la playa del Torn, punto donde está previsto que comience la futura vía verde. Este itinerario unirá los tres municipios en un recorrido total de 19,5 kilómetros siguiendo el viejo trazado del ferrocarril.
Los activistas denuncian que después del desmantelamiento de los raíles este espacio se ha ido degradando progresivamente sin que se haya avanzado en las obras, a pesar de que hace dos años se adjudicó oficialmente el contrato.
Diferencias municipales obstaculizan el proyecto
Nuri Nolla, presidenta de la Asociación de Vecinos y portavoz de la plataforma, ha explicado a la ACN que recientemente se han reunido con representantes de los tres consistorios. Según Nolla, mientras que el Ayuntamiento de l’Hospitalet ha superado sus reticencias respecto al contrato de arrendamiento con Adif y Cambrils tampoco ve impedimentos para firmarlo, el consistorio de Mont-roig del Camp mantiene una postura diferente. Esta discrepancia se debe principalmente a las obras de urbanización complementaria necesarias en su tramo, especialmente en el núcleo urbano de Miami Platja.
Nolla ha reclamado: "Nos falta que el punto de vista de Mont-roig cambie y para el tramo de Miami se aplique la mejor solución urbanística que sea, pero que se haga la vía verde porque corremos el peligro de que se pierda esta inversión". Además, ha añadido: "Lo que pedimos es que los tres municipios lo vean igual de una vez, lo vean como un beneficio, y no solo aquello que les gustaría que se hiciera, sino lo que se debería haber hecho ya".
El alcalde confía en avances con ADIF
A principios de año, el alcalde Fran Morancho expresó optimismo respecto al desenlace del conflicto administrativo con ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias). Aseguró haber hecho "bastantes avances" en las negociaciones y manifestó la voluntad municipal para que este gestor mejore diversos espacios urbanos adyacentes a la vía. En una etapa posterior será responsabilidad tanto del municipio como de la Diputación asumir su mantenimiento.
Falta de acción podría suponer pérdida de los fondos Next Generation
La entidad también muestra inquietud ante posibles plazos inminentes vinculados a los fondos europeos Next Generation destinados a sufragar esta actuación. Aun no disponiendo todavía de una fecha concreta sobre cuándo expiran estas ayudas, sospechan un vencimiento cercano y advierten de los "perjuicios" asociados a dejar caducar esta inversión estratégica. Como señala Nolla: "Adif tiene la obligación de hacerla, pero puede durar diez años más".
Asimismo, remarcan experiencias previas donde empresas adjudicatarias han abandonado proyectos debido a incrementos inesperados en costes. Por ello reclaman agilidad para que "no decaiga" ni quede paralizado indefinidamente.
Catalizar apoyo turístico para impulsar el proyecto
Por otro lado, desde la plataforma hacen un llamamiento explícito al sector turístico para que adopte una posición más clara favorable a ejecutar este proyecto. Consideran que aportaría un valor añadido importante tanto para los residentes como para los visitantes: "Echamos de menos que el sector turístico se manifieste más claramente", ha remarcado Nolla.
Nuevas acciones hasta inicio de obras
Constituida este mismo año, La Plataforma por la Vía Verde se ha comprometido a mantener sus movilizaciones periódicas hasta que comiencen los trabajos previstos. Así pues, convocarán caminatas reivindicativas cada principio de mes junto con protestas en los plenos de los ayuntamientos afectados para presionar hacia una solución definitiva.
