La Audiencia Provincial de Tarragona comenzará a juzgar el próximo lunes al hombre acusado de causar la muerte del jefe de recursos humanos de Autocares Plana, empresa donde trabajaba, el 4 de octubre de 2024 en el polígono Riu Clar. La Fiscalía y la acusación particular piden para el acusado 24 años de prisión por un delito de asesinato.
La defensa, en cambio, niega esta calificación y sostiene que los hechos constituyen un homicidio imprudente, por el que reclama una pena de entre uno y cuatro años.
El hombre se encuentra en prisión provisional desde los hechos. El pasado octubre, al cumplirse dos años de su ingreso en prisión, la medida cautelar fue prorrogada por dos años más.
Un golpe en la cabeza tras comunicarle una sanción
Los hechos se produjeron sobre las 9.30 horas del 4 de octubre de 2024 en el aparcamiento de la empresa, en el polígono Riu Clar de Tarragona. La víctima se había desplazado hasta allí para entregar al trabajador una comunicación relacionada con una sanción laboral.
Según el escrito del Ministerio Fiscal, el acusado se habría dirigido al responsable de recursos humanos “sin decir nada y de manera completamente inesperada” y le habría propinado un fuerte golpe en la cabeza con el puño cerrado.
La Fiscalía sostiene que el hombre actuaba con intención de matarlo o, como mínimo, era consciente de que el golpe podía provocarle la muerte. También afirma que el acusado tenía conocimientos de artes marciales, una circunstancia que la defensa niega.
La víctima sufrió diversas hemorragias internas y un cefalohematoma, es decir, una acumulación de sangre entre el hueso del cráneo y la membrana que lo recubre. Las lesiones acabaron provocándole la muerte.
Indemnizaciones de hasta 918.000 euros
Además de los 24 años de prisión, la Fiscalía reclama una indemnización de 340.000 euros en concepto de responsabilidad civil.
La acusación particular, ejercida por los abogados Jonathan Cortijo y Aitor Macías, también pide 24 años por asesinato. De manera subsidiaria, en caso de que el tribunal no aprecie los elementos necesarios para esta calificación, solicita que los hechos sean considerados un homicidio doloso.
En este caso, la reclamación económica es muy superior y alcanza los 918.800,85 euros.
La acusación particular considera que el trabajador sabía que iba a recibir una sanción y sostiene que habría aprovechado la relación de confianza existente dentro del ámbito laboral para atacar a la víctima.
La defensa niega que el golpe provocara directamente la muerte
La versión de la defensa es sustancialmente diferente. El abogado José María Cenera sostiene que el acusado dio una “bofetada” a la víctima, pero defiende que esta acción no fue directamente la causa de la muerte.
Según esta tesis, las lesiones mortales podrían haberse producido cuando el hombre cayó y se golpeó contra el suelo. La defensa también niega que su cliente tuviera conocimientos de artes marciales.
El informe forense incorporado a la causa, sin embargo, señala que el “nexo de causalidad entre la agresión inicial y la muerte queda bien establecido”.
Nueve ciudadanos decidirán el veredicto
El juicio comenzará el lunes 16 de noviembre y se tramitará mediante el procedimiento del Tribunal del Jurado.
Nueve ciudadanos deberán analizar las pruebas practicadas durante la vista y determinar qué hechos consideran probados, así como pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. Posteriormente, una magistrada, como presidenta del tribunal, será la encargada de dictar la sentencia.
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