El rastro de Mónica de la Llana se apagó en verano de 2022, pero su teléfono continuó aportando pistas meses después. Según la Fiscalía de Tarragona, aquel móvil es uno de los elementos centrales de la causa contra Carlos, su expareja, acusado de haberla matado después de una relación marcada por el control, las discusiones y los malos tratos. El cuerpo de la víctima todavía no ha sido localizado.
Según avanza el 'Diari de Tarragona', el Ministerio Público pide para el acusado, de 55 años y con antecedentes penales, una pena total de 16 años de prisión: 14 por homicidio y 2 más por maltrato habitual. La tesis de la acusación es que Carlos puso fin a la vida de Mónica en algún momento posterior a las 21:44 horas del 20 de julio de 2022, cuando la mujer se encontraba en el domicilio del hombre, en la Morera de Montsant, o en los alrededores de la vivienda.
Una desaparición que activó todas las alarmas
La familia empezó a sospechar que algo no iba bien cuando Mónica no contactó con su madre después de una operación a principios de agosto. Su hermana también comprobó que no se conectaba a WhatsApp desde el 21 de julio. Aquel día, precisamente, la mujer había quedado para comer con una amiga en Reus para explicarle que no se sentía bien dentro de la relación con Carlos.
La denuncia por desaparición se presentó el 20 de agosto de 2022. A partir de aquel momento, los Mossos abrieron una investigación con rastreos, registros en fincas y comprobaciones policiales para intentar encontrarla. Ninguna de estas búsquedas permitió localizar el cuerpo.
Una relación de dominio, según la Fiscalía
El escrito de acusación sitúa la relación entre Mónica y Carlos entre noviembre de 2021 y julio de 2022. Durante aquellos meses, ambos convivieron en la Morera de Montsant, en una vivienda propiedad del acusado.
La Fiscalía describe una convivencia deteriorada, con rupturas, discusiones constantes y episodios de tensión. Pero también va más allá y sostiene que el hombre ejerció una situación de dominio sobre la víctima. Según el Ministerio Público, Carlos la habría controlado, le habría revisado el móvil, la habría aislado de su entorno familiar y social y la habría atemorizado para evitar que saliera de casa.
La acusación también habla de humillaciones, insultos y agresiones, como empujones o el hecho de taparle la boca para impedir que hablara.
El quiebre que habría desencadenado el crimen
En julio de 2022, Mónica decidió poner fin a la relación. La Fiscalía sostiene que el acusado no aceptó esta decisión y que, dentro de este contexto, acabó “intencionadamente y de manera violenta con su vida”.
Después, siempre según la acusación, Carlos habría ocultado el cuerpo en un lugar que no ha querido revelar. Este hecho ha impedido que, casi dos años después de la desaparición, la familia haya podido recuperar los restos de la víctima.
Las pistas vinculadas al teléfono
La investigación da un peso relevante a los movimientos de los teléfonos móviles. Los Mossos geolocalizaron los dispositivos de Mónica y de Carlos la noche de los hechos. Según la tesis policial, el acusado habría cogido el teléfono de la víctima y habría realizado llamadas a su propio número durante la madrugada para intentar construir una coartada.
También consta la activación, tres meses después de la desaparición, de una tarjeta SIM titularidad de Carlos en el teléfono de Mónica. Además, durante el registro hecho el 14 de noviembre, los investigadores encontraron el móvil de la víctima en casa del acusado.
Carlos fue detenido el 12 de noviembre de 2024 en Barcelona por la Unidad Central de Personas Desaparecidas de los Mossos d’Esquadra. Después de pasar a disposición del juzgado de guardia de Valls, ingresó en prisión.
Prisión, alejamiento e indemnizaciones
La Fiscalía reclama 14 años de prisión por homicidio, siete años de libertad vigilada y una orden de alejamiento durante 20 años. Por el delito de maltrato habitual, pide dos años más de prisión, cuatro años y medio sin poder llevar armas y tres años de prohibición de comunicarse o acercarse a menos de 1.000 metros de la madre, el hijo y los hermanos de Mónica.
El Ministerio Público también fija indemnizaciones por el “perjuicio moral causado”: 150.000 euros para el hijo de la víctima y 100.000 euros para la madre, el hermano y la hermana.
