El Ayuntamiento de Tarragona ha decidido levantar la suspensión de la licencia de primera ocupación del nuevo centro comercial Family Parc, situado en Campclar, tras una cuidadosa revisión técnica y jurídica. Esta decisión abre la puerta a una posible apertura del complejo este jueves, aunque todavía queda pendiente un informe final, imprescindible para completar los trámites administrativos.
Tras años de tramitaciones, el proyecto ha vivido varios tropiezos administrativos. Una primera licencia comercial otorgada en 2022 no llegó a ejecutarse por falta de presentación del proyecto ejecutivo. No obstante, en 2024 se concedió una nueva licencia, que sí ha sido desarrollada y que permite la apertura inminente del complejo, que tiene como principal operador a la empresa Family Cash.
En el mes de mayo, coincidiendo con la presentación de la instancia de primera ocupación por parte de Family Cash, la empresa BIC Iberia presentó un escrito alegando que el centro comercial se había construido dentro de un área de influencia de riesgo químico derivada de su actividad industrial. Esta denuncia motivó la suspensión cautelar de la licencia por parte del Ayuntamiento, mientras se llevaba a cabo un análisis técnico y jurídico exhaustivo.
Ahora, en una resolución firmada ayer, se ha concluido que no hay ningún motivo jurídico ni técnico para mantener la suspensión decretada el pasado 27 de junio. Según fuentes municipales, el planeamiento urbanístico aprobado años atrás ya contemplaba las franjas de seguridad de protección civil requeridas, y contaba con un informe favorable de seguridad industrial.
"Un informe de seguridad industrial favorable"
El conseller de Urbanismo, Nacho García Latorre, ha comparecido este martes para aclarar la situación: "El planeamiento urbanístico, cuenta con un informe de seguridad industrial favorable. Este informe establece que hay unas franjas de protección civil correctas, públicas y conocidas, que se han respetado, y que no son las mismas que las que establecen los AQR (Análisis Cualitativo de Riesgo), que aún no se han enviado al Ayuntamiento."
García ha detallado que la empresa Family Cash, principal operadora del parque, ha implementado medidas mínimas de seguridad dentro de su recinto según normativa, y que esto se encuentra reflejado en los informes técnicos disponibles. Sin embargo, ha explicado que las empresas, deben enviar estos AQR a las administraciones competentes, y éstas retornarán a las administraciones locales. En este sentido, García ha mencionado que los AQR no han sido entregados por la Generalitat como correspondía en fases posteriores del desarrollo urbanístico, el conseller subraya que esta fase no ha llegado a materializarse nunca y, por tanto, no se ha podido requerir formalmente esta documentación.
Además, según García, la empresa presentó alegaciones contra la suspensión de la licencia a través de sus servicios jurídicos presentando toda la documentación necesaria y requerida, que junto con el informe firmado ayer, avalado también por los servicios municipales, concluyó que había que levantar la suspensión y reanudar los trámites para garantizar la apertura inmediata del parque.
El impacto de BIC y la colaboración con la Generalitat
El Ayuntamiento mantiene que ha mantenido contacto con la Generalitat de Cataluña para analizar la situación y buscar una salida satisfactoria por ambas partes. Según García, BIC estaría preocupada por cómo la proximidad del nuevo centro comercial podría afectar a su expansión futura, ya que implicaría nuevas medidas de seguridad que podrían resultar costosas. "Entendemos que BIC actúa con una voluntad de ampliación de su fábrica, y la presencia de un centro comercial en esta área, considerado un elemento vulnerable, podría condicionar esta expansión o hacerles adoptar más medidas de seguridad con un coste elevado", ha explicado el conseller.
No obstante, ha reiterado que desde el punto de vista municipal, la seguridad está garantizada de acuerdo con los informes de protección civil y el cumplimiento de los sistemas de confinamiento habituales en las zonas de riesgo químico como la de Tarragona, entre muchas otras medidas.
Posiciones políticas y situación actual
Ante la incertidumbre generada en torno a la apertura del nuevo centro comercial, el portavoz de Junts per Tarragona en el Ayuntamiento, Jordi Sendra, ha querido dejar clara la posición de su grupo tras analizar los informes técnicos y jurídicos disponibles. Sendra ha defendido la actuación del consistorio y ha señalado directamente la responsabilidad del Gobierno catalán en la situación creada. "La Generalitat debe responder por su dejadez en el proyecto Family Park", ha dicho.
Según Sendra, el Ayuntamiento ha seguido rigurosamente el procedimiento administrativo: "El Ayuntamiento ha actuado de acuerdo con la ley y ha hecho lo que le correspondía. Las autorizaciones y las licencias no se conceden a capricho político, sino que son actos reglados que cumplen unos requisitos determinados. A su vez, ha cargado contra el Gobierno catalán, quien dice que "ha hecho una dejadez de funciones, no informando en tiempo y forma al Ayuntamiento."
Sendra también ha querido poner el foco en las consecuencias sociales y económicas que puede tener este conflicto:"En un momento en el que Tarragona necesita inversiones y puestos de trabajo, no podemos tolerar errores administrativos que pongan en peligro proyectos de este impacto económico y social."
Por su parte, En Comú Podem ha sido especialmente crítico con la descoordinación institucional que rodea el caso. El conseller municipal Toni Carmona ha calificado lo que está pasando de "negligencia institucional flagrante", y ha denunciado la falta de alineación entre las dos administraciones implicadas.
Desde la formación aseguran que hace más de una década que se conocen los datos del Análisis Cuantitativo del Riesgo (AQR) de BIC Iberia, pero que ningún gobierno municipal anterior las incorporó al planeamiento vigente, ni durante el mandato socialista ni el republicano.
Su portavoz, Jordi Collado, ha reclamado "explicaciones públicas inmediatas y la máxima transparencia ante la preocupación de las trabajadoras y trabajadores afectados."
Un proyecto de gran impacto económico y social
El Family Parc representa una inversión superior a los 14 millones de euros y ya ha supuesto la contratación de 200 trabajadores. Con una superficie comercial de 14.000 metros cuadrados, está concebido como un polo de atracción comercial para la zona de Poniente y el área metropolitana de Tarragona.
Con el trámite de la licencia retomado y sólo a la espera de los últimos informes para poder ejecutar la actividad, lo que García dice que se escapa de las competencias municipales, todo apunta a que la apertura podría tener lugar en el próximo jueves, si no hay tropiezos de última hora.
