El pasado 4 de septiembre, se hizo público que los Mossos d'Esquadra habían abierto una investigación a un agente de la Policía Local de Vila-seca por dos presuntos casos de acoso sexual. Las denuncias fueron interpuestas por una ciudadana y por una compañera de trabajo del agente implicado. Estas denuncias llamaron la atención de los medios de comunicación, y en los días posteriores, tal como reveló la periodista Cristina Fallarás en sus redes sociales, y recogió La Ciutat el pasado 16 de septiembre, una trabajadora del Hospital Joan XXIII había denunciado un presunto caso de acoso sexual por parte de un técnico auxiliar de enfermería, señalando que el hospital ya tenía constancia del hecho, pero no había activado los protocolos correspondientes.
La UGT Servicios Públicos, firme en su compromiso con la tolerancia cero ante el acoso sexual, exigió explicaciones inmediatas sobre ambos casos y solicitó la activación de medidas de protección para las víctimas, tanto en Vila-seca como en el hospital Joan XXIII. En este sentido, el sindicato solicitó la convocatoria del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Vila-seca para abordar la cuestión y auditar los protocolos de igualdad y de seguridad laboral, con el fin de garantizar su eficacia.
A pocos días después del incidente, el Ayuntamiento de Vila-seca facilitó parte de la documentación solicitada, informando que ya se habían tomado algunas medidas preventivas y disciplinarias. También se comprometió a entregar toda la información restante antes del final de la semana para valorar la posibilidad de iniciar acciones judiciales y posibles reuniones con la Fiscalía. Joan Reinaldo, secretario general de la UGT Servicios Públicos Tarragona, recordó que los hechos fueron objeto de investigación por parte de los Mossos d'Esquadra, que concluyeron que existían indicios de delito. Los Mossos trasladaron el caso al Juzgado de Instrucción de Tarragona, lo que hace que los hechos sean "presuntamente muy graves", añadió Reinaldo.
En referencia al Hospital Joan XXIII, la UGT mantuvo una reunión con el director de personas del Instituto Catalán de la Salud (ICSS) en Tarragona, donde les informaron que no se produjo el acoso tal como se publicó en las redes sociales. Según la versión facilitada por el hospital, la trabajadora que había denunciado el caso a Fallarás ya no trabajaba en el departamento en cuestión. Sin embargo, por política preventiva, el hospital activó el protocolo de “conducta no admisible” como paso previo para abrir el protocolo de acoso sexual, con el fin de hacer un seguimiento de la situación.
Desde la UGT, sin embargo, se ha condenado enérgicamente cualquier tipo de violencia y acoso. Joan Reinaldo ha reiterado que es fundamental garantizar la protección inmediata de las víctimas y exigir que los hechos se hagan aclarar con la máxima celeridad. "Exigimos que los protocolos contra el acoso sexual sean auditados de manera rigurosa y seria, y que se garantice una formación continua y obligatoria para todo el personal", ha subrayado Reinaldo.
El sindicato también ha hecho un llamamiento a la denuncia de cualquier situación de acoso y ha recordado que este tipo de conductas están tipificadas como delito en el Código Penal. "Es inadmisible minimizar situaciones de acoso. Queremos visibilizar el problema, exigir responsabilidades y crear entornos laborales seguros y respetuosos", ha concluido Reinaldo.
