El Govern ha desatascado finalmente el futuro de la antigua residencia de gente mayor del ICASS en Reus, cerrada desde julio de 2024 a causa de deficiencias estructurales. La consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha anunciado este miércoles desde el Ayuntamiento de la capital del Baix Camp que la Generalitat y el Estado han llegado a un acuerdo definitivo para derribar el actual edificio y construir un nuevo equipamiento. La previsión es licitar los contratos este mismo año para que las obras sobre el terreno se inicien a lo largo de 2027.
"Esto ha sido fruto de una colaboración muy estrecha entre las diferentes administraciones públicas", ha remarcado la consejera, recordando que tanto el edificio como el solar son propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Asimismo, ha garantizado que el Departamento "agilizará al máximo posible" todos los trámites burocráticos, advirtiendo que son procedimientos complejos, y ha querido desvincular la ejecución de este proyecto de la aprobación de los presupuestos de la Generalitat.
La apuesta por un modelo asistencial del siglo XXI
La decisión de optar por la demolición en lugar de la rehabilitación responde tanto a criterios económicos como de modelo asistencial. Según ha detallado la consejera, la reforma del antiguo edificio era "extremadamente cara" y mantenía unas instalaciones propias de otra época.
Por su parte, la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, ha agradecido la labor de todas las administraciones implicadas para dar respuesta a una necesidad urgente de una población "especialmente vulnerable". Guaita ha subrayado la importancia de que el nuevo centro sea "una residencia del siglo XXI, que se adapte a las necesidades y al estilo de vida que quiere la ciudadanía en este momento", dejando atrás las limitaciones del antiguo edificio.
El acto también ha contado con la intervención de Elisabet Romero, subdelegada del Gobierno español, quien ha reconocido que, a pesar de que los procedimientos administrativos a menudo van despacio para ser "garantistas", hoy se da un paso decisivo gracias al seguimiento del Estado y el impulso de las administraciones catalanas.