El grupo parlamentario de Junts ha instado al Gobierno a ejercer el derecho de tanteo y retracto para adquirir el edificio de Ca l’Ardiaca, en Tarragona, con el objetivo de invertir en él y “evitar la degradación por la falta continuada de cuidado”. Se trata de un palacio medieval del siglo XII catalogado como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), que hace años que se encuentra cerrado y en un estado de deterioro importante.
Desde el Departamento de Cultura se ha apuntado que no tienen constancia de que la propiedad, la empresa Desarrollos Arbe, la haya puesto a la venta “ni que tenga la voluntad de hacerlo a corto plazo”. Aun así, el Govern ha subrayado “la importancia de garantizar la conservación de los excepcionales valores patrimoniales e históricos de Ca l’Ardiaca” y asegura que continuará requiriendo a la propiedad el cumplimiento de sus obligaciones de mantenimiento.
Un inmueble en estado delicado y con intervención municipal
Ca l’Ardiaca se encuentra en un estado estructural frágil, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Tarragona ya tuvo que intervenir de emergencia en febrero de 2024, con una actuación subsidiaria de 600.000 euros. Posteriormente, este dinero fue embargado a la propiedad porque la compañía no asumió los pagos correspondientes.
Además, en los últimos días se ha detectado la entrada de varias personas en el inmueble, donde habrían dormido, cocinado y hecho fuego. La Guardia Urbana accedió este miércoles y precintó un acceso lateral, diferente de la entrada principal del Pla de la Seu.
Un proyecto de hotel atascado desde hace más de dos décadas
La propiedad mantiene desde el año 2000 la voluntad de convertir el edificio en un hotel de lujo, pero el proyecto no ha prosperado. Desde Junts argumentan que esto se debe a “múltiples factores, entre los cuales la complejidad derivada del alto valor patrimonial y arqueológico” del inmueble, y concluyen que se ha evidenciado “la incapacidad del proyecto privado para garantizar la conservación del inmueble”.
Por este motivo, la formación considera necesaria una intervención pública para asegurar su preservación y ha registrado una propuesta de resolución en el Parlament.
Referencias a otras adquisiciones públicas
El diputado de Junts Jordi Bertran defiende la compra de Ca l’Ardiaca recordando operaciones similares de la Generalitat, como la adquisición del Palau Robert en 1981, el Palau Moja, la Fundición de los Cañones o el antiguo Hospital de Santa Caterina de Girona. Según Junts, estas inversiones han oscilado históricamente entre los 3,1 y los 71 millones de euros.
Mientras tanto, el futuro de Ca l’Ardiaca continúa abierto, con un edificio catalogado y de alto valor patrimonial que combina degradación estructural, tensiones administrativas y un proyecto privado encallado desde hace más de veinte años.