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Las declaraciones de trabajadores municipales y vecinos que confirman actividades, las contradicciones sobre el disco duro y las dudas sobre la investigación y los informes periciales abren nuevos interrogantes sobre algunas de las principales tesis de la acusación.
El caso Inipro afronta sus sesiones más decisivas después de varias semanas de juicio en la Audiencia Provincial de Tarragona que han dejado interrogantes, contradicciones y declaraciones que podrían favorecer las defensas de los acusados.
La investigación situó bajo sospecha la contratación de Inipro por parte del Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST), tanto por las presuntas irregularidades administrativas como por la supuesta inexistencia de los trabajos y la posible destinación de recursos públicos a actividades políticas. Pero las declaraciones escuchadas hasta ahora han introducido matices importantes en algunas de estas afirmaciones.
Trabajadores y vecinos confirman que se hicieron trabajos
Una de las cuestiones más relevantes ha sido la declaración de cuatro trabajadoras vinculadas a la Unitat Tècnica d’Immigració i Ciutadania (UTIC), que han confirmado actividades, reuniones y colaboraciones con profesionales de Inipro.
También representantes vecinales, como Natividad Hernández, de Riuclar, y Francisco Pérez, del Pilar, han explicado las reuniones mantenidas con trabajadores de la empresa y las actuaciones de mediación en problemas de convivencia e inmigración.
Estas declaraciones cuestionan la idea de que no se realizó ningún trabajo, si bien corresponderá al tribunal determinar si los servicios prestados justificaban los importes facturados.
Contradicciones en el origen de la investigación
Las defensas también han puesto el foco en las comprobaciones realizadas por el comité de empresa antes de denunciar los hechos. Varias trabajadoras que conocían directamente los servicios han reconocido las actividades de Inipro, mientras que los investigadores no las interrogaron inicialmente.
Una de las testigos, Ainhoa Valencia, explicó que una integrante del comité había hablado con ella una o dos semanas antes del juicio para recordarle una supuesta conversación de hacía años que la trabajadora aseguraba no recordar.
Los abogados también han planteado preguntas sobre quién accedió a los expedientes administrativos y cómo se obtuvo la documentación que dio origen a la denuncia, sin que se haya acreditado ninguna manipulación.
El disco duro y las dudas sobre la custodia
Otra cuestión controvertida es el disco duro que aportó información relevante a la investigación.
El informático del IMSST reconoció que se lo llevó a casa y que accedió a determinadas carpetas antes de entregarlo a la Guardia Civil. Las defensas han señalado diferencias entre su declaración y la de los responsables policiales sobre las circunstancias del hallazgo.
Los abogados cuestionan las garantías de custodia del dispositivo, mientras que los agentes defienden la integridad del tratamiento policial posterior. El tribunal deberá resolver la petición de nulidad.
El ciberactivismo, voluntario y sin cobrar
La Guardia Civil ha relacionado diversos correos electrónicos con presuntas actividades políticas, incluida la creación de cuentas de YouTube y Flickr. Queda pendiente aclarar qué comprobaciones directas se efectuaron sobre aquellos perfiles.
Pero la declaración de Pere Valls, integrante del grupo de ciberactivistas, ha aportado una versión diferente. Explicó que se trataba de una actividad voluntaria, altruista y sin remuneración, a la que dedicaba unos cinco minutos después de cenar, y no todos los días.
Valls negó la existencia de una estructura jerárquica o de obligaciones de publicar contenidos y aseguró que los participantes no debían rendir cuentas a nadie.
Un perito sin toda la documentación y dudas sobre las ofertas
Otra de las declaraciones destacadas ha sido la del perito judicial, que reconoció haber elaborado su informe con la documentación facilitada por el juzgado, sin disponer de determinados actas, fotografías, correos ni testimonios sobre los trabajos.
El experto precisó que no podía acreditar que los servicios se hubieran prestado, pero tampoco afirmar que no se hubieran hecho.
Sobre las ofertas presentadas por Inipro e Itinere, dos empresas vinculadas, el perito cuestionó la concurrencia, pero admitió que no recordaba una prohibición legal expresa que impidiera aquella participación conjunta.
Un IMSST saturado y pagos habituales en otros servicios
Las declaraciones de los responsables administrativos también han dibujado un IMSST con falta de personal, dificultades de gestión y diversos contratos caducados mientras los servicios continuaban funcionando.
El exconcejal de Hacienda Pau Pérez explicó que el reconocimiento de obligaciones por enriquecimiento injusto se utilizaba también en otros ámbitos municipales.
Josep Maria Badia, entonces jefe de Administración de Alcaldía, aseguró que los expedientes seguían el circuito administrativo y que no había recibido instrucciones para dar un tratamiento especial a Inipro.
Pau Pérez también afirmó que no había visto trabajadores de Inipro en las dependencias de Alcaldía ni en el despacho del jefe de gabinete.
Estas declaraciones aportan contexto a las irregularidades administrativas, sin que esto implique justificarlas ni descartar posibles responsabilidades.
Llegan las declaraciones decisivas
El juicio tiene previsto reanudarse el 18 de noviembre, con las declaraciones de los principales acusados a partir del día 19, según el calendario comunicado.
Será el momento de contrastar las explicaciones de los responsables políticos y administrativos con las pruebas y los testimonios escuchados hasta ahora.
Las acusaciones mantienen sus tesis, pero las defensas consideran que diversas declaraciones han introducido dudas sobre cuestiones centrales del procedimiento.
Después de más de una década de investigación, la gran pregunta será determinar qué hechos han quedado realmente acreditados, cuáles constituyen irregularidades administrativas y cuáles pueden comportar responsabilidades penales. La respuesta corresponderá al tribunal.