La funeraria supramunicipal FuneCamp ha decidido llevar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la sentencia que anula su constitución, en una nueva fase del conflicto judicial con el sector privado. Según ha avanzado el Diari de Tarragona, la empresa pública considera que la resolución no refleja la realidad del proyecto y mantiene la voluntad de llevarlo adelante.
La decisión llega después de que un juzgado contencioso administrativo diera la razón a varias funerarias privadas y anulara los acuerdos municipales que habían permitido crear esta empresa impulsada por ayuntamientos como Reus, Salou, Vila-seca y Constantí.
Desde FuneCamp insisten en que el proyecto es “legal y viable” y que la sentencia no cuestiona la capacidad de los municipios para ofrecer un servicio funerario público. En este sentido, la consejera delegada, Montserrat Flores, ha remarcado que “el proyecto no ha sido desmentido” y que existe voluntad política para mantenerlo.
La empresa argumenta que la resolución judicial se basa en datos “de parte” aportados por las funerarias demandantes y en informes externos, y critica que no se hayan tenido suficientemente en cuenta las alegaciones municipales ni las particularidades de la gestión pública.
El núcleo del conflicto
El origen del litigio se encuentra en la creación de la funeraria pública en 2024, con el objetivo de gestionar cementerios municipales y ofrecer servicios funerarios en un mercado abierto. Las empresas privadas denunciaron competencia desleal y cuestionaron la viabilidad económica del proyecto.
El juzgado acabó anulando los acuerdos municipales al considerar que no quedaba acreditada esta viabilidad ni la seguridad para las finanzas públicas.
Nuevo capítulo judicial
Con el recurso al TSJC, FuneCamp abre una nueva batalla legal con el objetivo de revertir la sentencia y mantener el modelo de servicio funerario público en el Camp de Tarragona. Mientras tanto, el futuro del proyecto continúa pendiente del recorrido judicial.
