En marcha el juicio por el caso Inipro

El juicio del caso Inipro relacionado con presunta corrupción en el entorno del PSC de Tarragona ha comenzado este viernes, trece años después del inicio de las investigaciones. Se celebrará en la antigua prisión de Tarragona por falta de espacio adecuado en las dependencias del Palacio de Justicia. Hay nueve personas acusadas -a las que la Fiscalía les pide hasta cinco años y diez meses de prisión-, seis encausados más como presuntos responsables civiles a título lucrativo -entre los que se encuentra el PSC- y dos empresas como responsables civiles subsidiarias. Entre los principales acusados se encuentran el exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, las exconcejales Begoña Floria y Victòria Pelegrín o el que fuera jefe de gabinete del alcalde, Gustavo Cuadrado.

Las investigaciones se remontan a 2009 y se centran en una presunta trama que, según la Fiscalía, habría derivado dinero irregularmente del Institut Municipal dels Serveis Socials de Tarragona (IMSST) a la empresa Iniciatives i Programes SL (Inipro) mediante contratos que se hicieron ilegalmente. Tal como apunta el ministerio fiscal, esta empresa habría contratado personas afines al PSC para hacer trabajos relacionados con población recién llegada pero en la práctica habrían trabajado para los socialistas con el objetivo de mejorar la imagen pública del entonces alcalde Josep Fèlix Ballesteros y captar votos. Para el ministerio público, diferentes correos electrónicos intervenidos durante la investigación acreditarían esta tesis.

Para el ministerio fiscal, el primer elemento que evidencia la trama es un correo electrónico entre quien fuera gerente de Inipro, Ricardo Campàs -ya difunto-, y el exjefe de gabinete del alcalde, Gustavo Cuadrado, que desembocó en una reunión en la que también participó el entonces gerente del IMSST, Antonio Muñoz, "con la evidente intención de defraudar la legalidad para arreglar un concurso público y conseguir el abono de dinero público en perjuicio del ente contratante".

Según el escrito de acusación, durante los siguientes meses diferentes correos electrónicos sirvieron para acordar cómo se haría el concurso público, en qué términos y qué personas se deberían contratar posteriormente. Entre los trámites que se hicieron se habla de la elaboración de un informe que justificara la necesidad de la prestación del servicio "para dar apariencia de legalidad y asegurar el éxito del ilícito plan". En este punto habrían participado activamente Muñoz y Enriqueta Aznar, técnica municipal. Así, acabaron impulsando "la convocatoria del concurso público" mediante una propuesta de 59.900 euros (sin IVA), "el cual habilitaba la utilización del procedimiento negociado sin publicidad, buscado a propósito para ser manipulado con el fin de garantizar la contratación de Inipro".

Para el ministerio público, con el fin de desarrollar el plan la entonces consejera del Ayuntamiento Victòria Pelegrín dictó una resolución por la que aprobaba el pliego de cláusulas "sabiendo que el procedimiento sería una mera simulación que aparentaría regularidad y ocultaría la predeterminación de la empresa finalmente adjudicataria". Aquel acuerdo establecía que sería un procedimiento negociado sin publicidad, con un plazo de ejecución máximo de un año y sin posibilidad de prórroga.

Una vez publicado el pliego, el gerente del IMSST "ordenó al departamento de administración que invitara formalmente a las empresas Inipro, Itinere Serveis Educatius SL y Gallet Consultors i Associats SL. "La elección de aquellas empresas no fue aleatoria ni obedeció a ningún criterio técnico o profesional, sino que respondió al propósito de dotar de apariencia de legalidad al fraude", subraya el escrito de acusación. Aparte de Inipro, para el fiscal las otras dos participantes tenían un objeto social que "no se correspondía en absoluto con el servicio licitado en el concurso, hecho que contravenía las mismas cláusulas técnicas". Además, presentaron ofertas "prácticamente idénticas" y las entregaron casi en el mismo momento, el último día que estaba permitido.

Finalmente, los servicios sociales municipales adjudicaron el contrato a Inipro por 61.011,60 euros, pero la partida que debía durar un año se agotó en los primeros cuatro meses. Con todo, "la empresa continuó contratada por el IMSST sin ninguna cobertura administrativa" y no se hizo ningún trámite para hacer otra licitación. "La vinculación abarcó dos periodos: del 1 de septiembre de 2010 al 31 de mayo de 2011, y de septiembre de 2011 al 31 de diciembre de 2012", por encima del año máximo estipulado en la resolución del consistorio firmada por Pelegrín. El fiscal también detalla algunos correos intervenidos, en los que los acusados hablan desimular una prórroga cuando el contrato ya estaba expirado.

Ballesteros

Según el ministerio público, finalmente el IMSST pagó a Inipro 110.815,81 euros durante 2011, y 104.293,92 euros en 2012, fragmentados en diferentes facturas. Algunas se pagaron "gracias" a que Ballesteros las autorizó, "en ejercicio de sus funciones como alcalde de Tarragona", y sabiendo "la ilegalidad" porque "conocía que no se había seguido el procedimiento adecuado para la tramitación del gasto, ni la intervención previa, que el servicio no se había realizado y que no existía ninguna justificación para su abono", destaca el fiscal. El objetivo habría sido "beneficiar" a Inipro "a costa del erario" bajo "una apariencia formal", y se habrían dictado diferentes resoluciones firmadas por el alcalde. En algunos casos, tanto el interventor como la jefa del departamento de contabilidad de los servicios sociales emitieron informes advirtiendo de irregularidades, según se detalla en el escrito.

Auditoría falsa

La acusación pública también describe que desde los servicios sociales municipales no se formalizó "ningún acto de recepción del servicio prestado por la mercantil adjudicataria". "Los únicos documentos relacionados con la prestación del servicio son las memorias presentadas por Inipro. Estas se elaboraron por los acusados para simular la correcta ejecución del contrato y revestir fraudulentamente de justificación las facturas cobradas del ente público", especifica.

Así, el gerente Muñoz, Caballero -miembro del PSC contratado por Inipro- y la técnica Aznar "se pusieron de acuerdo para confeccionar artificialmente la memoria de trabajos" y presentarlo al IMSST. "No obstante, el documento ofrece una información insuficiente para considerar que el servicio fue realmente prestado", concreta Fiscalía. Además, según el ministerio público, la memoria del 2012 "aglutina un gran número de fragmentos idénticos a la memoria de los años 2010 y 2011". Además, posteriormente y cuando el caso Inipro ya estalló públicamente en la prensa, se habrían "sustituido el nombre de los asalariados -de Inipro- por la referencia a su categoría laboral y las horas semanales, a fin de ocultar su identidad".

Ciberactivistas Ballesteros

El escrito de fiscalía también pone el foco en las tareas que se habrían llevado a cabo realmente con el dinero público, que habrían consistido en mejorar la imagen de Ballesteros y captar votos para el PSC. Según su relato, Cuadrado y el entonces teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tarragona, Begoña Floria, eran los encargados de coordinar el grupo de "ciberactivistas" que tenían la dirección electrónica ciberactivisme-ballesteros@googlegroups.com, de los cuales formaban parte varios de los acusados como responsable civil a título lucrativo junto con "entre 30 y 50 personas más".

Entre las tareas desarrolladas habría responder correos electrónicos, gestionar redes sociales o velar porque "ciudadanos extranjeros residentes en España pudieran votar en las elecciones municipales del 2011" y "se ayudara" a aquellas personas que tuvieran dificultades con el censo electoral. En uno de los numerosos correos intervenidos por la policía y citados por el fiscal, uno de los encausados reclama saber hasta cuándo estarán haciendo tareas de apoyo al grupo y si habría la posibilidad de aumentarle las horas porque con las 20 horas semanales que tiene asignadas no cubre toda su "dedicación". Finalmente, una vez se hizo público el caso en abril del 2013, diferentes acusados "intercambiaron diversas comunicaciones electrónicas" con el fin de "confeccionar una línea común de respuesta a fin de justificar la gestión hecha por el IMSST en relación con el contrato adjudicado".

Peticiones

Por todo ello, desde Fiscalía se reclaman cinco años y diez meses de prisión, multas superiores a los 2.000 euros e inhabilitación para cargo público por cerca de seis años para Antonio Muñoz, Josep Fèlix Ballesteros y Victòria Pelegrín, a los que acusa de un delito continuado de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en contratación pública, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil. En el caso de Gustavo Cuadrado, se le atribuyen los mismos cargos, pero no se le reclama ninguna multa y la pena de prisión solicitada es de cinco años y diez meses. A Floria, por el presunto delito de malversación se le reclama una condena de cuatro años y diez meses de prisión y una inhabilitación absoluta de ocho años y medio.

Para Aznar, la petición es de cuatro años y ocho meses de prisión por fraude en contratación pública, falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación; mientras que para Alejandro Caballero es de cinco años y diez meses de prisión por prevaricación, malversación, fraude en contratación pública, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil. Finalmente, a Enrique Miró y José Gallet -administradores de Itinere y Gallet Consultores y Asociados, respectivamente-, la petición de fiscalía es de dos años y siete meses de prisión para el primero, y dos años y cuatro meses para el segundo, por fraude en contratación pública, prevaricación, falsedad en documento oficial y malversación.

Todos estos nueve acusados también se enfrentan a tener que afrontar una responsabilidad civil conjunta de 276.121,33 euros como indemnización para el IMSST. Aparte, como responsables a título lucrativo, el PSC podría tener que llegar a abonar 276,121,33 euros. Los otros encausados se enfrentan a indemnizaciones de entre 137.000 y 276.000 euros.

El juicio comenzará este viernes con una jornada dedicada a las cuestiones previas, si bien la vista oral no arrancará hasta el 2 de octubre. De entrada se han previsto diecisiete jornadas de juicio, que culminarían el 20 de noviembre.

La CUP, acusación popular

La CUP fue la formación que llevó el caso a fiscalía y denunció las presuntas irregularidades, después de que trabajadores del IMSST alertaran del caso. A la vez, está personada en la causa como acusación particular y atribuye algunos delitos diferentes a los del ministerio público, como los de cohecho o el de alteración de precios en concursos y subastas públicas en el caso de Muñoz, Cuadrado o Ballesteros. A la vez, aumentan la petición de prisión para los principales procesados hasta los trece años de prisión, en el caso de Ballesteros y Pelegrín.

La formación anticapitalista confía en que "el juicio permita depurar responsabilidades" y defiende que el caso "no se puede reducir a una cuestión administrativa", ya que "afecta al uso de los recursos públicos". "Inipro no es solo la historia de un contrato, es la historia de una manera de entender el poder", ha manifestado esta semana el exconcejal cupaire Jordi Martí. "No queremos venganza, queremos verdad, justicia y garantías", remarcó el también exconcejal Jaume López.

ERC carga contra Viñuales

ERC también ha jugado un rol en la causa. Durante los años que tuvieron la alcaldía de la ciudad -en la pasada legislatura-, el consistorio se personó en el caso como acusación particular al considerar que había un perjuicio para las arcas públicas y llegó a formular escrito de acusación contra los investigados. Aun así, con el nuevo relevo al frente del ayuntamiento, el actual alcalde Rubén Viñuales (PSC) retiró el ayuntamiento de la causa justo al asumir el cargo, el año 2023.

Los republicanos recurrieron contra esta decisión y el juez propuso una serie de preguntas a Viñuales para que justificara su decisión. De las 30 preguntas que formularon, el juzgado solo aceptó siete "y algunas se respondieron con monosílabos", ha recordado la portavoz republicana Maria Roig. "El juez ha pedido el expediente del Ayuntamiento de Tarragona para seguir aclarando esta decisión del alcalde y nos encontramos que empieza el juicio y esto todavía no está aclarado. No sabemos si este recurso se decidirá durante o después del juicio", ha añadido Roig. La formación espera que el juicio "permita aclarar qué pasó, que se determinen las responsabilidades que correspondan y que, si se acredita la existencia de delitos, los responsables respondan".