El exconseller diputado en el Parlament por ERC Joan Ignasi Elena ha declarado ante el juez de instrucción que no conocía al entonces alcalde de Altafulla, Fèlix Alonso, ni tenía ninguna relación política con él. Así lo ha señalado durante su declaración en la sala civil y penal del TSJC como investigado por el caso de contrataciones sospechosas en el Ayuntamiento de Altafulla (Tarragonès), que contrató por la vía del contrato menor a SINERGIA EDM, de donde era administrador Elena, por los servicios de asesoramiento. La declaración ha comenzado a las 10:30h y ha durado algo más de una hora. Ha respondido a las preguntas de todas las partes. La investigación por prevaricación se inició en los juzgados del Vendrell se centra en contratos menores entre 2017 y 2019.
Según han explicado fuentes jurídicas después de la declaración, ha sostenido que él no tenía ninguna relación política con el gobierno de Alonso. De hecho, las fuentes remarcan que entre 2014 y 2021 Elena no tuvo ningún cargo político y ejercía de abogado y también que el gobierno de Alonso era de un partido diferente (Comuns) de aquel por el cual Elena había ocupado cargos políticos.
De acuerdo con las fuentes presentes durante la declaración, ha indicado que siempre veló porque se cumpliera la legalidad. Además, las fuentes sostienen que el consistorio contrató los servicios de la empresa porque la persona que tenía el Ayuntamiento para temas urbanísticos se había marchado y había una falta de personal. Así, según las fuentes, había una necesidad en la contratación y de ahí la carencia administrativa. También indican que nunca se alertó a Elena de que era necesario hacer un concurso.
El pasado mes de mayo, el TSJC apuntaba en un auto la posibilidad de que se habían "violentado los principios y las reglas que marcaban en materia de contratación pública". En el escrito, se concretaba que hasta entonces este trabajo lo había llevado a cabo Milà Advocats, "también con contrato menor" (18 de octubre de 2017) y, a partir de entonces, Sinergia Energía, Derecho y Medio Ambiente SLP asumió este trabajo.
Según el TSJC, se emitieron 22 facturas entre noviembre de 2017 y julio de 2019, con un importe acumulado de 25.046,67 euros, más 5.259,80 euros de IVA, cantidad que supera el límite de los contratos menores, fijado en 15.600 euros más IVA. También se señala en el escrito que el contrato menor "no podía ser prorrogado ni tener una duración superior a un año", según la normativa vigente entonces.
Herrera alega que ya no formaba parte de la mercantil
Quien también ha declarado ante el juez este lunes es el exlíder de ICV Joan Herrera, también citado como investigado en la causa. Según han explicado fuentes jurídicas, ha declarado durante cerca de una hora y también ha respondido a las preguntas de todas las partes.
Las mismas fuentes han apuntado la "injusticia" de su imputación, ya que según ha alegado Herrera, en el momento de los hechos él ya no formaba parte de la mercantil Sinergia Energía, Derecho y Medio Ambiente SLP.
Según han precisado, era administrador formal, pero no material y no participó en la contratación. Además, han remarcado que desde julio de 2018 ya no era ni socio ni administrador y que, en todo caso, no se encargaba de servicios de asesoramiento vinculados a urbanismo, ya que su especialización es la energía. De hecho, las fuentes han puntualizado que rompió cualquier vinculación con la empresa porque era incompatible con su nuevo cargo como director general del IDAE, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, que ostentó entre julio de 2018 y septiembre de 2019.
