Después de más de una década de indagaciones, el caso Efial —una de las tramas de presunta corrupción más extensas de la administración local catalana— ya tiene fecha para sentarse a juicio. Será los días 14, 15, 16, 17, 28, 29 y 30 de septiembre y el 1, 13, 14 y 15 de octubre de 2026, en la Sala Penal de la Audiencia Nacional, según ha podido confirmar el Diari de Tarragona.
La causa afecta a un total de diecinueve personas investigadas, entre las cuales hay cuatro exalcaldes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en la demarcación de Tarragona: Andreu Martí (L’Ametlla de Mar), Daniel Masagué (Torredembarra), Josep Jaume Castellnou (Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant) y Rafael Vidal (Ascó). Todos ellos deberán responder ante la justicia por delitos como prevaricación y malversación de fondos públicos, en el marco de una supuesta operativa para adjudicar contratos municipales de forma irregular.
Un sistema paralelo de contratación
El eje central de la trama giraba en torno a la empresa Efial, una consultora que, presuntamente, se introducía en consistorios y empresas públicas locales como instrumento para eludir los controles legales establecidos por los secretarios e interventores municipales. La estrategia, según la instrucción, consistía en crear entidades públicas empresariales (EPE) de nueva planta, con escasa estructura propia, para externalizar servicios y esquivar la legislación de contratación pública.
Estas EPE, a pesar de estar legalmente reconocidas, habrían sido utilizadas para "blanquear" adjudicaciones ya decididas, generando concursos a medida. Documentos emitidos por Efial contradecían informes técnicos previos, y en numerosos casos los concursos públicos ya estaban pactados antes de ser publicados.
Además de los exalcaldes, figuran como procesados nombres relevantes como Antonio Martos, fundador de Efial; Josep Manel Bassols, exresponsable de campaña de Carles Puigdemont y también implicado en el caso del 3%; Xavier Xifra, abogado; Oriol Mestre, condenado anteriormente por blanqueo; el exconcejal tortosino Ramon Cardús, o el exdiputado Carles Puigdomènech, entre otros técnicos y asesores.
El volumen económico de la trama alcanzaría los 8,7 millones de euros, de los cuales casi 8,4 se habrían desviado a la provincia de Tarragona. Los principales perjudicados serían municipios como L’Ametlla de Mar (4,58 M€), Ascó (2,02 M€), Tortosa (1,05 M€), Torredembarra (504.000 €), Vandellòs i l’Hospitalet (199.000 €) y Cambrils (13.700 €).
Los orígenes: Torredembarra, punto de inflexión
El caso Efial salió a la luz a raíz de una denuncia presentada en 2012 por la portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Torredembarra, Montserrat Gasull, que alertó sobre la contratación de servicios a Efial. La denuncia derivó en una investigación judicial abierta en 2013 por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de El Vendrell.
En 2014, la Guardia Civil registró el consistorio de Torredembarra durante catorce horas y detuvo al alcalde Masagué, a varios concejales y a un empresario local. Masagué acabó ingresando en prisión provisional sin fianza, y el caso se convirtió en una auténtica “caja de Pandora” que acabó conectando con la trama del 3%, vinculada a la supuesta financiación irregular de CDC.
También fue detenido el exalcalde de L’Ametlla de Mar, Andreu Martí, acusado de tener cuentas en paraísos fiscales. Salió de la prisión después de pagar una fianza de 600.000 euros.
La instrucción también apunta a la participación de técnicos municipales, familiares y colaboradores externos supuestamente vinculados a Efial, que habrían elaborado informes técnicos para favorecer a empresas determinadas, participando incluso en reuniones previas con licitadores antes de la publicación de los concursos.
Los ayuntamientos presuntamente utilizaban estos informes “a medida” para rebatir las objeciones legales de sus propios servicios técnicos. Así se creaba un escenario de falsa legalidad que, en realidad, habría encubierto una práctica sistemática de manipulación de la contratación pública.
Ayuntamientos como acusación particular
Los ayuntamientos de Tortosa y L’Ametlla de Mar se han personado como acusación particular en el caso. El consistorio tortosino, bajo el liderazgo de Jordi Jordan (Movem Tortosa-PSC), busca recuperar los 1,6 millones de euros que calcula que se perdieron a través de contratos irregulares con empresas públicas como GUMTSA y Tortosasport entre 2008 y 2012.
Cuatro piezas ya juzgadas y absolución parcial
Hasta hoy, se han juzgado cuatro de las nueve piezas separadas del caso. En dos de ellas, Daniel Masagué pactó una multa e inhabilitación para evitar el juicio oral, y en otra fue condenado por adjudicar sin concurso las chiringuitos de playa. En cambio, en diciembre de 2024, la pieza relativa a varios ayuntamientos de Madrid terminó con la absolución de 15 acusados, aunque algunos admitieron los hechos, ya que el tribunal no apreció ilegalidades.
