El grupo municipal de En Comú Podem ha pedido al gobierno del Ayuntamiento de Tarragona que no prorrogue el contrato de concesión del servicio de patinetes y bicicletas eléctricas compartidas gestionado por Tier Mobility. La formación considera que el modelo actual no ha alcanzado los objetivos de movilidad urbana y reclama abrir un debate sobre el futuro del servicio una vez finalice el contrato vigente.
La concesión, adjudicada en septiembre de 2023 por un período inicial de tres años prorrogable un año más, entra ahora en una fase clave, ya que el consistorio deberá decidir próximamente si mantiene o no el servicio más allá del plazo inicial.
Según En Comú Podem, el sistema no se ha consolidado como una alternativa real al vehículo privado y presenta importantes déficits de cobertura e integración. A pesar de una flota autorizada de hasta 600 patinetes y 300 bicicletas eléctricas, el servicio se concentra sobre todo en el centro de la ciudad y en zonas turísticas, dejando fuera muchos barrios.
La formación señala que barrios como Sant Salvador, Sant Ramon, Sant Pere i Sant Pau o amplias zonas de Ponent y Llevant quedan prácticamente sin cobertura efectiva. Esto, según el grupo, limita la capacidad del servicio para conectar la ciudad y ofrecer una alternativa cotidiana al coche privado.
El portavoz Jordi Collado defiende que el modelo actual está mal orientado: "la movilidad compartida es una buena herramienta si está pensada para reducir el uso del coche privado y facilitar los desplazamientos cotidianos de la ciudadanía. El problema es que Tarragona ha acabado teniendo un modelo orientado principalmente a usos turísticos o de ocio, pero que no resuelve las necesidades de movilidad de la mayor parte de los vecinos y vecinas".
Además, el grupo municipal critica la falta de integración del servicio con el resto del sistema de movilidad, como la red de la EMT o los aparcamientos disuasorios, así como con los principales puntos de intermodalidad.
También ponen el acento en el precio del servicio, que consideran excesivo. Según la formación, las tarifas serían entre diez y quince veces superiores a las de otros sistemas similares en Cataluña, lo que limita su uso habitual por parte de la ciudadanía.
En materia de ocupación del espacio público, En Comú Podem denuncia incidencias recurrentes con patinetes estacionados fuera de las zonas habilitadas y molestias a peatones y colectivos vulnerables.
En este contexto, Collado advierte: "renovar Tier significaría consolidar un modelo que no cubre la ciudad, que no está integrado con el transporte público, que es excesivamente caro y que no responde a una estrategia global de movilidad".
Finalmente, la formación recuerda que Tarragona continúa sin un Plan de Movilidad Urbana Sostenible vigente y considera que cualquier decisión sobre la concesión debería enmarcarse en una planificación global del modelo de ciudad.
«No tiene sentido renovar una concesión por inercia cuando Tarragona continúa con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible caducado. Primero debemos decidir qué modelo de ciudad queremos, cómo conectamos los barrios, qué papel debe tener el transporte público y después determinar qué herramientas deben formar parte de esta estrategia», afirma el portavoz de los Comuns.
En Comú Podem insta al gobierno municipal a no renovar la concesión y a replantear el modelo de movilidad compartida, con el objetivo de construir un sistema más integrado, accesible y alineado con los objetivos de sostenibilidad urbana.
