En Comú Podem Tarragona pedirá a la Generalitat de Catalunya que analice jurídicamente si la deuda acumulada por la antigua CEPTA, derivada de subvenciones públicas de formación no justificadas, podría ser reclamada o imputada a la nueva patronal FOET en caso de que se constate una continuidad efectiva entre las dos entidades.
La formación considera que la creación de Foment Empresarial del Camp de Tarragona (FOET) “no puede servir para pasar página sin aclarar antes qué ha pasado con el dinero público, con los trabajadores afectados y con las responsabilidades derivadas de la quiebra de CEPTA”.
Según las informaciones publicadas, CEPTA acumuló una deuda de 583.086 euros con la Agencia Tributaria de Cataluña a raíz de seis expedientes de revocación de subvenciones del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya y del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), vinculadas a cursos de los años 2015 y 2016 que no habrían sido debidamente justificados.
“No puede ser que una entidad no justifique subvenciones públicas para formación, entre en concurso de acreedores, deje trabajadores colgados y, al cabo de un tiempo, aparezca una nueva estructura que se presenta como la continuidad de la anterior sin que nadie pregunte quién responde del agujero”, ha afirmado el consejero de En Comú Podem Tarragona, Jordi Collado.
El grupo municipal señala que diversas informaciones periodísticas han presentado FOET como la nueva patronal que quiere dar continuidad a la extinta CEPTA, ya en liquidación después de que la administración concursal viera inviable su supervivencia. También recuerdan que el presidente de FOET, Xavier Rigau, ya había presidido CEPTA y que él mismo ha hablado de continuidad con el trabajo y el espíritu de lobby territorial de la antigua patronal.
En este sentido, En Comú Podem pedirá al Govern que analice si hay elementos suficientes para considerar una sucesión o continuidad relevante entre CEPTA y FOET. La petición se centrará en aspectos como la continuidad en la presidencia y liderazgo, los objetivos y funciones patronales, la vinculación con Foment del Treball y las principales asociaciones empresariales del territorio, así como posibles elementos organizativos, patrimoniales o funcionales que acrediten una continuidad real de la actividad.
“Si FOET reivindica la continuidad política, institucional y empresarial de CEPTA, la Generalitat ha de estudiar si también ha de asumir alguna consecuencia jurídica o económica. La continuidad no puede ser solo para heredar influencia y agenda pública; también debe servir para aclarar responsabilidades”, ha añadido Collado.
La formación también ha cargado contra Foment del Treball, a quien acusa de representar “una agenda claramente alineada con los intereses de las grandes empresas y no con el interés general”. En este sentido, Collado ha criticado el papel del presidente de la organización, Josep Sánchez Llibre, también vicepresidente de la CEOE.
“No es menor que FOET nazca bajo el paraguas de Foment, una organización presidida por Josep Sánchez Llibre, exdirigente de Convergència i Unió y actual vicepresidente de la CEOE, que ha hecho de la presión política contra los avances laborales una bandera”, ha afirmado.
Los comunes también han vinculado esta continuidad con las declaraciones recientes de Xavier Rigau sobre la apertura comercial en domingos y la necesidad de que las empresas puedan gestionar su actividad “sin injerencias políticas”. Según Collado, estas afirmaciones evidencian que la nueva patronal “ya actúa como actor de presión sobre las decisiones democráticas de la ciudad”.
“Cuando una entidad que se presenta como heredera de CEPTA interviene en debates municipales para presionar contra regulaciones aprobadas legítimamente, todavía es más necesario aclarar si hay continuidad con la anterior estructura patronal y si esta continuidad también ha de tener consecuencias sobre las deudas pendientes con la administración”, ha afirmado.
En Comú Podem considera especialmente grave que la deuda provenga de subvenciones públicas destinadas a formación profesional. “Cuando una entidad recibe dinero público para formación, tiene la obligación de justificarlo hasta el último euro. Y si no lo hace, no basta con liquidar la entidad y empezar de nuevo bajo otras siglas. La Generalitat ha de defender el interés general”, ha remarcado Collado.
El grupo municipal también pone el foco en la situación de los trabajadores y trabajadoras de CEPTA y reclama explicaciones sobre las obligaciones laborales que podrían haber quedado pendientes tras el proceso de liquidación.
Finalmente, En Comú Podem ha anunciado que pedirá información al Gobierno sobre las actuaciones impulsadas por el SOC, el Consorcio para la Formación Continua de Cataluña, la Agencia Tributaria de Cataluña y el Departamento de Empresa y Trabajo para recuperar los importes reclamados y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
“Tarragona necesita agentes económicos fuertes, sí, pero también limpios, transparentes y responsables. Lo que no puede tener es una patronal que cierre dejando un agujero con dinero público y otra que nazca proclamando la continuidad sin que nadie haga las preguntas incómodas”, ha concluido Collado.
