El juicio del caso Inipro ha vivido una nueva jornada marcada por las declaraciones de antiguos trabajadores del Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSS), del expresidente de su comité de empresa, Juan Antonio Rivas, y de la exconcejala de la CUP Laia Estrada. Las defensas han puesto el foco en lo que consideran contradicciones sobre el origen de las primeras sospechas, el conocimiento de los trabajos realizados por la empresa y la manera como determinada documentación administrativa acabó llegando a la formación política.
Uno de los principales puntos de discusión ha sido cómo se inició la investigación interna sobre Inipro. Mientras que una trabajadora vinculada al registro administrativo habría explicado que las primeras facturas se localizaron de manera casual durante una revisión de expedientes relacionada con una reivindicación laboral, el expresidente del comité de empresa ha situado el origen de sus sospechas en una factura de más de 8.000 euros, registrada en el año 2012.
Según el relato de su declaración, una administrativa reconoció a Alejandro Caballero, uno de los trabajadores vinculados a Inipro, porque lo conocía del barrio. A partir de aquella identificación y del importe de la factura, que le pareció elevado, Rivas habría empezado a buscar información a través de internet y las redes sociales para averiguar qué actividades desarrollaba la empresa y quiénes eran sus trabajadores.
Las defensas han intentado aclarar durante cuánto tiempo efectuó estas comprobaciones, qué información consultó y de qué manera pudo conocer el contenido de las facturas. También habrían señalado diferencias entre sus referencias iniciales a una única factura y las posteriores menciones a diversas facturas.
Los abogados han preguntado cómo era posible conocer determinada información sin acceder al expediente administrativo correspondiente y han insistido en aclarar quién podía consultar aquella documentación y con qué autorización.
Cuestionan cómo se podían valorar unos trabajos sin conocer las competencias del servicio
Otro de los aspectos relevantes de los interrogatorios ha sido el conocimiento que los miembros del comité de empresa tenían sobre las funciones de la Unitat Tècnica d’Immigració i Ciutadania (UTIC), el servicio municipal relacionado con el ámbito de actuación del contrato de Inipro.
Según el relato de las declaraciones, los representantes del comité no habrían sabido concretar cuáles eran las competencias de esta unidad ni describir con precisión los trabajos que desarrollaba.
En particular, las defensas habrían preguntado al expresidente del comité cómo podía sospechar que determinadas tareas no se habían llevado a cabo si desconocía cuáles eran exactamente las funciones del área municipal encargada de la atención a la inmigración.
Esta cuestión adquiere relevancia porque el contrato de Inipro estaba relacionado con actuaciones de apoyo al asociacionismo y a la integración de la población inmigrante, unas actividades que, para poder ser evaluadas, requerían conocer tanto el objeto contractual como las funciones desarrolladas por los diferentes servicios municipales.
Los mismos miembros del comité habrían reconocido que sus comprobaciones directas sobre la presencia de trabajadores de Inipro fueron limitadas. Según las declaraciones expuestas, habrían consultado a una persona de la UTIC que reconoció haber visto trabajadores de la empresa en dependencias municipales, aunque hacía tiempo.
Durante el juicio también se ha hecho referencia a la creación de tres nuevas asociaciones de personas inmigradas, un aspecto que las defensas consideran relevante para determinar qué actividades se pudieron desarrollar efectivamente.
La fecha del traslado de la UTIC a Campclar también genera discrepancias
Las preguntas de las defensas también han abordado la ubicación física de la unidad de inmigración y las fechas en que sus dependencias se trasladaron de la Rambla Vella al barrio de Campclar.
Según el relato del interrogatorio, el expresidente del comité de empresa no habría podido precisar cuándo se produjo aquel traslado, una circunstancia que las defensas han relacionado con las dudas sobre el conocimiento directo de los lugares donde se desarrollaban los trabajos.
La cronología del Plan Integral de Campclar también ha aparecido en este debate. Una guía municipal de la época situaba el año 2011 como fecha prevista de finalización del programa, iniciado en 2005, mientras que estudios posteriores sitúan el cierre de sus actuaciones en el año 2012.
En cualquier caso, para establecer con precisión la fecha del traslado de la UTIC habría que consultar la documentación administrativa específica de aquella unidad.
Laia Estrada y la procedencia de la documentación
La declaración de Laia Estrada ha constituido otro de los momentos destacados de la jornada. La exconcejala de la CUP ha defendido que la formación recibió información relacionada con Inipro por diferentes vías, algunas de las cuales anónimas.
Los abogados de las defensas han intentado concretar qué información llegó realmente de manera anónima, cuál procedía de los integrantes del comité de empresa y qué contactos se produjeron antes de presentar la denuncia ante la Fiscalía.
Según las cuestiones planteadas durante el interrogatorio, Estrada habría reconocido la existencia de contactos con quien entonces era presidente del comité de empresa para preparar la denuncia.
Las defensas también han abordado la posterior vinculación laboral de Rivas con el entorno municipal de la CUP, aunque esta circunstancia, por sí misma, no acredita ninguna conducta irregular.
Uno de los aspectos que los letrados consideran pendientes de aclarar es la aparición de fotocopias de documentación administrativa que, según la versión expuesta por la CUP, llegaron a la formación de manera anónima.
Los abogados han planteado la posibilidad de que alguien hubiera accedido al expediente sin la autorización correspondiente para obtener copias de su contenido.
Sin embargo, esta hipótesis no ha quedado acreditada durante la jornada. Tampoco se ha demostrado que la eventual coordinación entre trabajadores y representantes políticos para presentar una denuncia comportara ninguna actuación ilícita.
Durante el interrogatorio de Estrada también se habrían producido momentos de tensión con el abogado de Inipro, que le reprochó la falta de concreción en algunas de sus respuestas.
Los antiguos responsables del IMSS reconocen problemas administrativos generalizados
Más allá de las cuestiones relacionadas con el origen de la denuncia, las declaraciones de antiguos responsables del IMSS han permitido abordar el funcionamiento administrativo del organismo durante los años investigados.
La gerente que sucedió a Antonio Muñoz habría reconocido que existían numerosos contratos en situaciones administrativas similares a la de Inipro, especialmente por la acumulación de prórrogas y las dificultades para tramitar nuevas adjudicaciones.
Según su explicación, la insuficiencia de personal y de recursos administrativos provocó retrasos que necesitaron años para regularizarse.
En esta misma línea, el secretario delegado del IMSS explicó en una sesión anterior que, aunque el procedimiento negociado sin publicidad no era el sistema habitual de contratación, su utilización no era necesariamente irregular. También señaló que la tramitación de una nueva adjudicación podía alargarse entre un año y un año y medio.
Estas declaraciones introducen en el juicio el contexto administrativo en que se produjeron las prórrogas investigadas, sin que esto determine por sí mismo la legalidad de las actuaciones concretas.
El origen de la denuncia, nuevamente bajo examen
Trece años después de que el caso llegara a la Fiscalía, los interrogatorios han vuelto a situar el foco sobre cómo se empezó a investigar la contratación de Inipro, quién conocía las actividades desarrolladas por la empresa y qué recorrido siguió la documentación que posteriormente sustentó la denuncia.
Las defensas cuestionan especialmente que las sospechas iniciales sobre la falta de realización de determinados trabajos se pudieran formular sin un conocimiento preciso de las funciones del servicio municipal y sin comprobaciones suficientes de las actividades contratadas.
También mantienen interrogantes sobre el acceso a las facturas y la procedencia de las copias de documentación que llegaron a la CUP.
Por su parte, la formación política sostiene que recibió información por diferentes vías y que la denuncia respondía a las irregularidades que consideró necesario poner en conocimiento de la Fiscalía.
El tribunal deberá valorar estas declaraciones junto con el resto de pruebas documentales y testificales, tanto para determinar si los servicios contratados se prestaron efectivamente como para aclarar las responsabilidades que se investigan.
De momento, las diferencias señaladas por las defensas y las dudas sobre el recorrido de la documentación forman parte del debate judicial. Ninguna de estas circunstancias permite concluir, sin pruebas adicionales, que se produjera un acceso ilícito al expediente.
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