Durante la sesión plenaria celebrada este lunes, el Consejo Comarcal de la Conca de Barberà aprobó una moción que insta al Ministerio de Justicia a revisar y modificar los criterios vigentes para la inscripción de los recién nacidos en el Registro Civil. El objetivo es que los niños puedan ser registrados en el municipio donde constan empadronados sus padres o madres, sin depender necesariamente del centro hospitalario donde haya tenido lugar el parto.
Impacto territorial y social de los criterios actuales
La moción destaca que la aplicación actual de la Ley 20/2011 del Registro Civil, junto con las reformas administrativas vinculadas a la comunicación electrónica de los nacimientos desde hospitales, hace que los registros oficiales de los recién nacidos se limiten exclusivamente al municipio donde se ubica el hospital correspondiente.
Este hecho provoca un importante desequilibrio territorial, ya que solo aquellos municipios con hospital pueden formalizar oficialmente los nacimientos. En cambio, la mayoría de las poblaciones quedan alejadas de esta vinculación administrativa e identitaria con las nuevas generaciones.
Preservar la identidad y trazabilidad local
El Consejo subraya que esta situación distorsiona la realidad demográfica municipal y dificulta mantener la trazabilidad histórica y social especialmente en áreas rurales. También pone énfasis en preservar "el vínculo identitario entre los recién nacidos y el municipio donde crecerán y desarrollarán su proyecto vital".
Acuerdos aprobados por el Pleno comarcal
Dentro de los acuerdos adoptados, el Pleno insta explícitamente "al Gobierno del Estado a impulsar las modificaciones legales necesarias para restablecer la posibilidad de inscribir los nacimientos en el municipio de residencia de los progenitores". Además, reclama que "las familias puedan modificar los datos registrales de los niños inscritos desde la entrada en vigor de la normativa actual".
Tramitación institucional del documento
La moción aprobada será remitida al Ministerio de Justicia, así como al Parlamento de Cataluña, el Congreso de los Diputados, el Senado, y otros organismos relacionados con el ámbito judicial y territorial, con el fin de impulsar este cambio normativo.