El Grupo Municipal de Comuns ha puesto en marcha una ofensiva judicial y política después de que se confirmara que el Ayuntamiento de Cambrils adjudicó un contrato público para adquirir material de defensa procedente de Israel, en clara contravención con la normativa estatal vigente.
El abogado Jaume Asens Llodra ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Tarragona contra el presidente municipal, Oliver Klein Bosquet. Esta querella se basa en la resolución firmada por el propio alcalde el pasado 28 de noviembre de 2025, mediante la cual se concedió a la empresa Guardian Homeland Security la compra de 63 chalecos antibalas por un importe total de 48.844,99 euros.
De acuerdo con el escrito dirigido a la Fiscalía, estos hechos podrían constituir delitos tipificados como prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos. La denuncia destaca que esta adjudicación se efectuó cuando ya estaba plenamente vigente el Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, que prohíbe expresamente la compra pública y comercialización de material policial o militar de origen israelí.
Además, el documento subraya la gravedad de los hechos recordando que la empresa adjudicataria promociona sus productos como "probados en combate", vinculándolos directamente a operaciones militares desarrolladas en los territorios ocupados palestinos. Según Asens, esta decisión no puede considerarse un simple error técnico; al contrario, revela una aceptación consciente del riesgo de adoptar una resolución manifiestamente ilegal.
Acciones parlamentarias en Cataluña y Estado español
Ante esta situación, el Grupo Parlamentario de Comuns ha registrado una Propuesta de Resolución en el Parlament catalán. Los diputados David Cid y Andrés Garcia Berrio reclaman al Govern asegurar el cumplimiento estricto del bloqueo por parte de todas las administraciones locales.
Esta iniciativa reclama que la Dirección General de Coordinación con las Policías Locales emita una instrucción urgente destinada a aclarar a los ayuntamientos que la prohibición afecta también a equipos individuales como los chalecos antibalas. Además, exigen reforzar los mecanismos para evitar que empresas intermediarias esquiven este veto legal.
A nivel estatal, el diputado de los Comunes por Tarragona, Fèlix Alonso Cantorné, ha registrado diversas preguntas dirigidas al Gobierno central. Alonso denuncia que Guardian Homeland Security continúa operando desde Madrid vendiendo armas —incluyendo fusiles y subfusiles— así como otros materiales defensivos fabricados en Israel a pesar de las restricciones legales aprobadas en septiembre pasado.
El eurodiputado ha interpelado al ejecutivo sobre si tiene conocimiento o ha dado aval al contrato suscrito por Cambrils y qué medidas prevé adoptar para anularlo. También pide información sobre posibles sanciones a los entes públicos responsables de ofrecer apoyo financiero indirecto a Israel vulnerando así el Real Decreto ley.
Contexto y motivos detrás de la denuncia
La acción conjunta de Comuns nace con el objetivo firme de exigir el cumplimiento riguroso del bloqueo de armas y material policial impuesto para no contribuir ni financiar actividades relacionadas con la ocupación ilegal de los Territorios Palestinos. Esta medida se enmarca dentro de las recomendaciones dictadas recientemente por la Corte Internacional de Justicia.
Asimismo, los Comuns rechazan frontalmente que recursos públicos municipales puedan destinarse a empresas beneficiarias de una actividad comercial basada en equipamientos privados en contextos donde se han producido reiteradas violaciones de los Derechos Humanos.