El Ayuntamiento de Cambrils se ha visto inmerso en una polémica después de que el grupo de los Comuns presentara una denuncia por la compra de chalecos antibalas para la Policía Local, alegando un posible incumplimiento del real decreto que prohíbe la contratación de material de defensa y policial de origen israelí. En respuesta, el consistorio ha defendido que esta adquisición “no se puede equiparar a adquirir armas o material ofensivo” y que se ha realizado con “criterios de seguridad laboral y protección”.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Martínez, ha sido claro en la defensa de la decisión: “Hay que ser muy claros: el embargo vigente hace referencia a armas y material ofensivo, no a equipos de protección individual. Los chalecos antibalas son EPI, y su función es proteger la vida de los agentes de la Policía Local, teniendo en cuenta la alerta de seguridad 4”. Martínez ha añadido que “se menosprecia la seguridad laboral de los trabajadores públicos” con la denuncia y que “confundir conceptos deliberadamente es una manipulación del debate”.
Según el Ayuntamiento, la compra incluye 63 chalecos antibalas por un importe de 48.844,99 euros, adjudicados a través de procedimiento público y con total transparencia. Desde el consistorio insisten en que los chalecos “no tienen ninguna capacidad ofensiva, no incrementan la fuerza coercitiva del cuerpo policial y se enmarcan dentro de las obligaciones legales de prevención de riesgos laborales y protección de la salud”.
Martínez ha subrayado que “se ha actuado dentro de la legalidad y con total transparencia” y ha recordado que el Real decreto invocado “no contiene una regulación específica, inequívoca y directa sobre equipos de protección individual en el ámbito de las policías locales” y que “cuando hay duda interpretativa, no puede existir prevaricación”. También ha criticado el uso político y mediático de la cuestión: “Utilizar un conflicto internacional extremadamente sensible para interferir en el debate político local no es defensa de los derechos humanos, es instrumentalización partidista e inmoral de una tragedia para obtener titulares”.
El Ayuntamiento de Cambrils ha querido dejar claro que su actuación combina el respeto a los derechos humanos y la legalidad vigente con la necesidad de dotar a la Policía Local de los equipos de protección necesarios para ejercer sus funciones con garantías. “Este compromiso es plenamente compatible con dotar a la Policía Local de los equipos de protección necesarios para hacer su trabajo con garantías”, ha concluido Martínez.
La denuncia de los Comuns, que acusa al Ayuntamiento de presunta prevaricación y malversación, continúa en investigación judicial, mientras que el consistorio mantiene su defensa del proceso de adquisición y de la protección de los agentes como prioridad.